El Gobierno promete vincular la subida de las pensiones mínimas al SMI

El primer paquete de medidas para reformar el sistema de pensiones ha dado un paso más para su aprobación definitiva aunque con una crítica casi unánime al Gobierno por la forma de tramitarla «por la puerta de atrás». La Comisión de Trabajo y Seguridad Social dio este lunes su visto bueno a la primera parte de la reforma gracias a los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y Compromís, mientras que Bildu se ha abstenido. No obstante, en esta ocasión se ha encontrado con una mayor oposición que cuando pasó su primer examen en la Cámara Baja y PP, Vox, Ciudadanos y la CUP cambiaron su sentido de voto y rechazaron ahora el proyecto de ley, que vuelve a vincular la subida de las pensiones al IPC y deroga el factor de sostenibilidad, aunque a cambio implica un incremento de las bases de cotización para afrontar la jubilación de la generación del ‘baby boom’.

En esta sesión ERC, que votó en contra en el primer debate, ha tenido un papel clave en la votación de ayer al dar el sí una vez que el Gobierno se plegó a incorporar varias de las enmiendas realizadas por el grupo independentista. Gracias a una de ellas el Ejecutivo se ha comprometido a vincular la subida de las pensiones mínimas, que cobran 2,2 millones de personas, a la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley «impulsará las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuentan la evolución del SMI», según recoge la enmienda pactada con ERC. A su vez, el Ejecutivo accede a revisar en la mesa del diálogo social los criterios para determinar la cuantía de las pensiones mínimas y garantizar su suficiencia, cumpliendo con lo que recomienda la Carta Social Europea. Se ha llegado a una solución intermedia, puesto que el objetivo de ERC y Bildu era garantizar unas pensiones mínimas equivalentes al 90% del SMI. También la izquierda ha forzado al Ejecutivo a incluir una cláusula mediante la cual se compromete a mantener el actual nivel de pensiones públicas del sistema, uno de los más generosos de Europa. Es decir, que si la tasa de reemplazo sobre el último salario se sitúa en la actualidad en el 78%, se mantendrá para los futuros jubilados en ese 78%. De igual manera, el apoyo de ERC ha obligado al Gobierno a encargar en el plazo de un mes desde su entrada en vigor un informe de auditoría sobre los ingresos y gastos de la Seguridad Social para cuantificar la factura de gastos impropios que ha tenido que asumir desde 1967.

El informe deberá ser realizado en el plazo máximo de seis meses y elevado a la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo y cuantificará los conceptos y su financiación entre 1967 y 2019. «Será la oportunidad de visibilizar los saqueos a los que se ha sometido a la caja de la Seguridad Social», denunció el diputado republicano Jordi Salvador.

Viudedad para parejas de hecho Otra de las novedades que incluye esta ley es que se amplía el colectivo de prejubilados que se beneficiarán a partir de marzo del nuevo ‘plus’ que se les dará para compensar los recortes que se les han practicado por retirarse de forma anticipada. Así, si en un principio este complemento, que oscilará entre los 4,5 euros y 82 euros, se iba a limitar a aquellos pensionistas con al menos 44 años y medio cotizados, en la nueva enmienda se amplía también para aquellos prejubilados que tengan 40 años de carrera laboral y perciban una pensión inferior a los 900 euros. Eso sí, otro de los requisitos que se les exige a los citados pensionistas es que la cuantía de su pensión hubiera sido más alta si se le hubieran aplicado los coeficientes reductores vigentes a 1 de enero de 2022. A su vez también se ha aprobado otra enmienda para ampliar el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho, extendiéndola además a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva.