Hacienda apura plazos para evitar un lío con los fondos europeos
El Gobierno trabaja contrarreloj para autorizar todas las ayudas de este año y evitar meterlas en 2022
La ministra María Jesús Montero, en una comparecencia. DAVID FERNÁNDEZ
Nunca antes había existido un plan de recuperación como el que la Unión Europea ha preparado frente a la pandemia con 750.000 millones de euros destinados no solo a salvar las economías de la región, sino también a encaminarlas hacia nuevos modelos que permitan afrontar futuros ‘shocks’ con un músculo mayor.
Un torrente de dinero que ya está provocando que gobiernos como el español, que ha tomado la delantera con sus reformas e inversiones convirtiendo al país en el primero en recibir las primeras partidas de ayudas, tengan que hacer malabares para poner en marcha la maquinaria burocrática y no dejar que se escape ni un solo euro de lo pactado con Bruselas.
Esta misma semana, la Comisión Europea ha dado luz verde definitiva a los 10.000 millones correspondientes al primer desembolso semestral de los fondos Next Generation, que previsiblemente llegarán antes de que termine el año y se sumarán a los 9.000 millones que España ya recibió en agosto en forma de prefinanciación. Hay que recordar que parte de estas inversiones ya se han puesto en marcha gracias a que el Ejecutivo presupuestó para 2021 unos 24.200 millones de euros a cargo de estos fondos.
Pero la avalancha de dinero puede generar un problema más allá de las dudas: la capacidad de absorción que, según fuentes consultadas, está siendo vigilada de cerca desde hace meses por el Ministerio de Hacienda. En concreto, el problema es que, según los últimos datos oficiales, el Gobierno ha autorizado (que no ejecutado) unos 19.000 millones de euros de los fondos, pero la normativa presupuestaria no deja claro qué pasa con el dinero que se quede sin asignar este 2021.
«El dinero que no se asigne a los proyectos no se perderá, se podrá incorporar a los nuevos Presupuestos», indican fuentes del departamento de María Jesús Montero. Este era un derecho hasta ahora reservado sólo para los créditos comprometidos, es decir, aquellos que ya están listos para su aplicación efectiva una vez obtenida la autorización de Hacienda.
La solución que se ha encontrado para evitar que el dinero no autorizado quede en el limbo ha reactivado, sin embargo, el recelo de otras fuentes consultadas, que apuntan a que si el Ejecutivo no consigue su objetivo, se generaría un auténtico caos burocrático para arreglar las cuentas públicas de 2022. Sobre todo porque la modificación que habría que llevar a cabo para incluir esas cantidades en los nuevos Presupuestos se realizaría a costa de rebajar otras partidas de gasto ya previstas.
Con esta perspectiva, los despachos de Hacienda y de los distintos ministerios echan humo a solo una semana de cerrar el ejercicio. Y es que con las cifras de dinero ya autorizado conocidas, el Gobierno tendría que dar salida a otros 5.185 millones de euros en estos días si quiere evitar ese ‘lío’ presupuestario.
Fuentes del Ejecutivo confían en lograr el objetivo, indicando «que la cifra de las inversiones en los proyectos crece cada día» y restan importancia al hecho de tener que modificar los Presupuestos de 2022 en caso de que sea necesario.
«Son cifras manejables y no supondrán impacto más allá del tema burocrático», defienden. Sin embargo, las cifras que se manejan sí son relevantes ante un posible ‘cambio de silla’ en las partidas de gasto.
Por poner un ejemplo, 5.000 millones de euros es todo el presupuesto previsto para el gasto en Educación de cara al próximo año. Otras fuentes consultadas explican que parte de la culpa de que ese dinero esté a la espera de autorización no se debe tanto a la falta de proyectos en los que invertir, sino a que algunas comunidades autónomas habrían solicitado al Gobierno que ‘guarde’ esos recursos al contar ellas con liquidez suficiente. Evitan así tener un exceso de caja que, al final, les puede salir más caro mantener.
De los 17.228 millones ya comprometidos de los fondos europeos, el Gobierno ha asignado a las comunidades 11.247 millones. Y otro de los grandes retos es la capacidad de gestión y ejecución de todos esos recursos. Hay que recordar que si no se cumple con las inversiones comprometidas, a Europa no le temblará la mano a la hora de cortar el grifo.