La Fiscalía pide imputar a Botín y Amusátegui por un delito societario

En ella se les acusa de haber cometido un delito societario o de estafa por el cobro por parte de Amusátegui de 43,75 millones de euros por anticipar su salida de la presidencia del Santander Central Hispano. La declaración de ambos, según fuentes jurídicas, podría producirse después de las Navidades, aunque todavía la juez no ha dictado el auto de imputación correspondiente. La Audiencia Nacional admitió a trámite, a principios de noviembre, la querella presentada por Juan Francisco Franco Otegui, en la que atribuye a Botín y a Amusátegui la comisión de un delito societario, cuyas penas oscilan entre seis meses y cuatro años de prisión, o bien de un delito de estafa, penado con entre uno y seis años de cárcel. La querella señala que «el señor Botín ha facilitado al señor Amusátegui la disposición de una astronómica cantidad en perjuicio del banco, para que le deje el campo libre, mientras los accionistas de la entidad pierden en bolsa los ahorros de toda una vida». A juicio del demandante, que actúa en calidad de accionista del SCH, la «guerra de poder» entre Botín y Amusátegui se saldó con la salida de este último del banco, a costa del dinero de todos los accionistas del banco. El demandante reclama que «la cantidad percibida por Amusátegui carece de todo soporte legal y es una mera disposición fraudulenta de los fondos del banco, con claro perjuicio de sus accionistas y en beneficio exclusivo de éste y de Botín», ya que «no hay ningún motivo que pueda generar el devengo de tan desorbitada suma». Recuerda también que «los estatutos sociales del banco no contemplan la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin causa justa». Amusátegui anunció en agosto del año pasado su dimisión del banco, cuando su salida debía producirse en marzo de este año, según el acuerdo alcanzado en los pactos de fusión del Santander con el BCH. La juez Teresa Palacios, en su auto de admisión a trámite de la querella a principios de noviembre, solicitó al Banco de España que informe sobre los hechos denunciados, al tiempo que pidió al SCH las actas de la Junta General de Accionistas en las que aprobaron las cuentas del 2001.