Escrivá ofrecerá incentivos a los funcionarios que se jubilen a los 61

Posible nueva vuelta de tuerca a la jubilación precisamente el mismo mes en el que se han puesto ya en marcha las primeras medidas acordadas por el Gobierno y los agentes sociales para reformar el sistema de las pensiones.

El Ministerio de Seguridad Social estudiará poner en marcha nuevos incentivos para retrasar la edad de jubilación efectiva, en este caso dirigidos a los funcionarios de clases pasivas que prolonguen su vida laboral más allá de los 60 años. Así al menos lo indicó este miércoles CSIF, el sindicato mayoritario del colectivo de empleados públicos, después de la reunión que mantuvieron con el departamento liderado por José Luis Escrivá. Desde el ministerio sostienen que «analizarán», como hacen siempre, todas y cada una de las medidas que les presenten. La propuesta realizada por este sindicato es incentivar con un 5% anual acumulable al personal de clases pasivas que decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años.

Cabe recordar que los funcionarios que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas pueden jubilarse voluntariamente a partir de los 60 con el cien por cien de su pensión siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, como son haber cotizado durante 30 años, haber prestado un periodo mínimo de 15 años de servicios al Estado y, además, haber trabajado durante los últimos cinco años anteriores a la jubilación para la Administración Pública.

Las clases pasivas es un régimen que goza de una serie de privilegios pero que está en vías de extinción, puesto que ya desde el año 2011 está cerrado y ningún nuevo funcionario puede integrarse en él. Sin embargo, todavía cotizan en él más de 800.000 personas —según estimaciones de CSIF—, que son profesores, militares de carrera, jueces, fiscales, funcionarios de la Administración Pública y personal transferido a las CC AA e incluso presidentes, vicepresidentes, ministros y otros cargos políticos, que pueden retirarse así a los 60 años sin que les aplique ningún tipo de coeficiente reductor, como sí les sucede al resto de asalariados y autónomos que se retiran antes de la edad ordinaria por muchos años cotizados que tengan.

Este derecho que mantiene este colectivo desde hace décadas no fue modificado en el acuerdo que logró en octubre de 2020 la comisión del Pacto de Toledo, pese a que había retincencias a su blindaje, ya que Europa mira con lupa este tipo de regímenes especiales. Lo que sí hizo el Gobierno unos meses antes, en pleno confinamiento y vía real decreto, es traspasar la gestión de este régimen a la Seguridad Social, ya que hasta entonces lo llevaban desde Hacienda.

Este cambio de competencias provocó cierto revuelo e incertidumbre entre los funcionarios, que temían perder los derechos adquiridos y sufrir algún tipo de recorte en su pensión. Esto derivó en una oleada de prejubilaciones voluntarias en 2020, más de 10.500 personas, lo que supone un fuerte incremento de casi un 22% respecto a la media de 2018 y 2019, según datos de Csif.

Este sindicato sostiene que si el 50% de esos funcionarios hubieran prorrogado su vida laboral se podría haber generado un ahorro para el Estado de 49,5 millones de euros. «Esta propuesta, además de ser viable puesto que no genera gasto, permitiría incrementar hasta un 25% la cuantía de la pensión de los funcionarios pertenecientes a clases pasivas y con ello corregir la desigualdad económica con respecto al Régimen General», apuntó Csif.

El régimen de clases pasivas incluye además a cerca de 680.000 empleados públicos ya pensionistas, que suponen un gasto mensual a la Seguridad Social de 1.245 millones de euros.

Otra de las medidas propuestas por el sindicato y que Escrivá analizará -lo que no significa que vaya a ponerse en marcha- es la de reconocer la jubilación anticipada para el personal sanitario por la penosidad de sus condiciones de trabajo, estableciendo para ello coeficientes reductores para rebajar la edad.