Menos maniobra para las regiones
La armonización fiscal ha sido uno de los puntos más polémicos que ha abordado el comité de expertos en los casi diez meses en los que se ha debatido sobre las propuestas para la futura reforma. Tal y como expresó ayer Jesús Ruiz-Herrera, presidente del comité, «en los últimos años se ha producido una competencia a la baja con la que estamos vaciando impuestos de gran importancia», en referencia a figuras como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Por ello, tal y como adelantó este diario, su propuesta pasa por que el Gobierno fije umbrales mínimos para todas las comunidades, lo que permitiría poner fin a las bonificaciones del 100% que, por ejemplo, actualmente aplican regiones como Madrid, a la que otras acusan de ‘dumping’ fiscal.
El Libro Blanco también recomienda elevar los tipos exentos de tributación con el objetivo de beneficiar a las rentas medias. Medidas que deberían pactarse en consenso con las autonomías de régimen común que, en todo caso, verían su capacidad normativa limitada para eliminar impuestos estatales. En lo que sí hay absoluto consenso es en la necesidad de gravar más la riqueza para financiar el gasto de las crisis.
«En España, como en otros países de nuestro entorno, la desigualdad de la riqueza es más amplia que la de la renta», indican los expertos. Por eso, el plan para Patrimonio pasa por mantener el denominado escudo de rentas (que grava un máximo del 60% sobre IRPF y Patrimonio) con la opción de elevar el porcentaje al 70%, subiendo también el mínimo exento hasta el millón de euros.
En Sucesiones y Donaciones, se pide ampliar la base imponible manteniendo la reducción por adquisición de empresa individual. Aunque siempre con el compromiso de una evaluación periódica que controle la efectividad de este beneficio fiscal. En la misma línea que en Patrimonio, también se aboga por un mínimo exento elevado y una escala de gravamen moderada para la empresa familiar.