Montero aplaza su plan de alzas fiscales por el impacto de la guerra

El Ministerio de Hacienda ya tiene en su poder el Libro Blanco del comité de expertos que servirá de base para elaborar la futura reforma fiscal. Un documento de cerca de 800 páginas en el que la fiscalidad medioambiental ocupa un lugar prioritario, en un momento en el que la transición energética y la necesidad de equiparar los niveles de recaudación con Europa obligan a profundos cambios en este tipo de tributos.

El grupo de expertos estima que las propuestas para una nueva fiscalidad verde permitirían recaudar entre 5.941 y 15.023 millones de euros más. Una propuesta que, como casi todas las que se incluyen en el documento, nace herida de muerte para su aplicación en el corto plazo ante el brusco giro que la guerra en Ucrania ha sembrado sobre el proceso de recuperación económica.

Ante la espiral inflacionista y el impacto en Europa de la crisis, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó ayer «una subida fiscal inmediata». Y el propio presidente del comité de expertos, Jesús Ruiz-Herrera, reconoció que «en la situación actual será difícil introducir cambios». Durante la presentación del Libro Blanco ante los medios, alertó de que «el panorama ha cambiado radicalmente desde la invasión de Ucrania».

Por eso, insisten en que el Gobierno debería aplicar la reforma de forma muy gradual, con un «plan de programación» racional. Pero cuidado. El Ejecutivo también debe cumplir con los compromisos del Plan de Recuperación adquiridos con Bruselas. Y la fiscalidad verde estaba entre las medidas que se tendrían que aplicar primero.

Según detalla Xavier Lavandeira, miembro del grupo que ha elaborado el texto, el transporte asumiría buena parte de la nueva carga tributaria. En concreto, estiman eliminar la bonificación al diésel para igualar su fiscalidad a la de la gasolina, junto a otras medidas que afectarían a estos carburantes, podría incrementar la recaudación en 6.850 millones de euros. Es decir, casi la mitad que todo lo que se espera ingresar con el conjunto de los impuestos medioambientales.

En este apartado también se incluirían otras figuras sobre el acceso al gas, sobre los fertilizantes nitrogenados y sobre los billetes de avión. Un tributo, este último, que acabaría afectando a los pasajeros y con el que se esperan recaudar unos 951 millones.

El plan también incluye un impuesto al queroseno (que actualmente no cuenta con fiscalidad) en los sectores de aviación, marítimos y agrarios. En todo caso, Lavanderia defiende que «vinculamos estas propuestas a bajadas en la fiscalidad de la electricidad», con la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y el impuesto especial sobre la electricidad. Eliminar ambas figuras supondría una merma de unos 2.716 millones en total para las arcas públicas. Pero también un alivio en la factura eléctrica de los consumidores.

Los expertos indican que estos impuestos no deberían contar con bonificaciones. Algo que sí ven con buenos ojos para otra de las propuestas más polémicas del texto que, en todo caso, recomiendan aplicar de forma muy gradual y solo cuando sea viable: el pago por kilómetro en las carreteras mediante peajes, con el que espera una recaudación de hasta 1.397 millones de euros.

El Libro Blanco también recoge diversas fórmulas para hacer más eficientes otros impuestos. En el IVA, abogan por limitar —e incluso eliminar— los tipos reducidos y superreducidos. Sin embargo, este decisión que podría afectar a artículos de primera necesidad se desarrollaría mediante compensaciones en el caso de las rentas más bajas. En todo caso, reconocen que «esto no lo podemos hacer hoy bajo ningún concepto. Es absolutamente inviable».

En el IRPF, abogan por una revisión de las bonificaciones y ampliar las bases imponibles, además de emplear esta figura para limitar la desigualdad «con deducciones o una prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios», indican desde el comité. Se apuesta también por una «prestación reembolsable por hijo».