Las constructoras alertan: las subidas de precios pueden «romper el mercado»

El sector de la construcción no es el único que padece los rigores de la tormenta perfecta que viene sufriendo la economía desde 2020: pandemia, crisis de materias primas y transporte, encarecimiento de la energía y finalmente una guerra en Ucrania que ha agravado aún más la situación. Pero, sin duda, el elemento que más les preocupa desde hace semanas es la inflación galopante, que cerró marzo con un alza del 9,8% empujada por una subida del 107,8% en la electricidad y casi del 40% en los carburantes.

Ello se ha traducido en un fuerte aumento «sin precedentes» del precio de los materiales básicos que precisan para su actividad. El sector sitúa el inicio de este movimiento alcista en 2020 y calcula que desde enero de ese año hasta marzo de 2022 la electricidad se ha encarecido un 1.224%, el gas otro 1.163% y el petróleo un 84%. Ello ha causado que en ese mismo período el precio de la madera que compran para sus obras haya aumentado un 227%; el del aluminio, un 125%; un 93% el acero, y otro 77% el cobre.

Solo en el primer trimestre el acero corrugado ya ha igualado la subida que sufrió el ejercicio pasado (21%), mientras que el cobre y la madera duplican el crecimiento mensual medio de sus precios en 2021. Peor aún es el panorama con el aluminio, cuyos incrementos mensuales están siendo más de cinco veces superiores a los del año pasado.

Esta evolución alcista de horizonte incierto ha distorsionado en parte la estructura de costes de las empresas de la construcción y amenaza con ahondar en ello. Los consumos intermedios (incluida la energía) suponen dos tercios de sus gastos y solo la factura en materiales representa entre el 33% y el 40% del total; esto es, al menos 41.560 millones de euros anuales y hasta casi 50.000. Por esa energía mucho más cara, la industria siderúrgica, cementera y de hormigón ha ralentizado e incluso paralizado en algunos ámbitos su producción. El resultado ha sido «una ruptura del mercado nacional» —alertan desde Seopan— que, «según los casos», ha provocado incrementos de precios de doble dígito semanales o directamente «la imposibilidad de garantizar un suministro en plazo ante la incertidumbre del coste productivo». Y de no resolverse, «anticipa un período de desabastecimiento», un riesgo agravado con la reciente huelga de transportistas y que todavía no se ha despejado del todo.

Incremento «inasumible» Por ello, tanto Seopan como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) piden al Gobierno medidas «urgentes» ante ese incremento «inasumible» de costes. Entre ellas, una actualización del decreto aprobado en marzo que permite la revisión de hasta el 20% del presupuesto en las obras públicas si algunos materiales suben más de un 5%. Lo ven ya «insuficiente» porque en la práctica «excluye a casi todos los contratos firmados en 2021» y se deja fuera la energía, pese a que en muchos trabajos supone el 30% de los gastos o más.

Esa revisión de precios «quedó desfasada» en poco tiempo, dice Antoni Cunyat, profesor de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «La cadena de valor del proceso constructivo está en serio peligro», asevera Iván Zamarrón, ingeniero de caminos y profesor de la escuela de negocios EAE, quien apunta que los márgenes de negocio «ya venían tradicionalmente ajustados» y critica que las medidas tomadas «no dejan de ser un alarde de marketing político». Seopan solicita que las licitaciones se aplacen «hasta que el mercado recupere la normalidad», al menos uno o dos meses. «Resulta extremadamente arriesgado presentar una oferta sin garantía del mantenimiento de los precios», avisa. De lo contrario -añade-, la Administración tendría que «contratar a los precios máximos de la coyuntura actual y sin seguridad sobre la viabilidad de la ejecución de los contratos».

Las grandes empresas «pueden echar mano de su músculo financiero, pero en las pymes podemos ver cierres de empresas si las condiciones se agravan», avisa Cunyat. La construcción —apunta— es, «en general, uno de los sectores más castigados cuando hay crisis». De noviembre a febrero se habían acumulado más de medio millar de licitaciones públicas que quedaron desiertas y cuyo valor superaba los 250 millones de euros, según la CNC. Y en el primer trimestre, al menos el 10% de las adjudicaciones acabaron igual, apunta la plataforma Gobierto. «La paralización es alarmante y puede frenar la recuperación económica», advierte Pedro Fernández, presidente de la CNC.