El impuesto a energéticas y banca obvia otras tasas sin recaudar

La decisión del Gobierno de imponer un nuevo impuesto a las eléctricas y otro a los bancos para financiar las medidas contra la inflación no solo ha puesto en alerta a los sectores afectados. También a quienes dudan de que la medida vaya a resultar todo lo efectiva que se pretende a tenor de lo que viene ocurriendo con otras tasas parejas aplicadas a empresas. A través de la proposición de ley que promoverá el grupo socialista en el Congreso esta semana para negociarla después con los grupos, la previsión del Ejecutivo es recaudar un total de 7.000 millones de euros en dos años entre ambos tributos. Una cifra que, para ponerla en contexto, se acerca a todo lo recaudado por los Impuestos Especiales (alcohol, hidrocarburos, electricidad, carbón...) de enero a mayo de este año.

Los primeros análisis —y las cautelas— en torno a la efectividad de la medida no han tardado en llegar. Y es que existen muchas dudas sobre lo certeros que puedan ser los cálculos del Gobierno en torno a la capacidad recaudatoria de su iniciativa. Los antecedentes más recientes invitan a la prudencia, con figuras que, pese a presentarse en su momento como catalizadoras de las cuentas públicas a costa de las grandes corporaciones, se han quedado finalmente lejos del pronóstico. Los fracasos más sonados se han registrado con el impuesto a las transacciones financieras —la conocida como Tasa Tobin— y el gravamen a los servicios digitales —la Tasa Google—. En un principio, el Gobierno esperaba recaudar 850 millones de euros con el impuesto que grava la compra de acciones de cotizadas españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Finalmente, los ingresos se limitaron a los 296 millones de euros en su primer año de aplicación, que fue 2021.

Y lo mismo ocurrió con la Tasa Google, con la que en un principio esperaba ingresar 968 millones de euros, según se definió en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de aquel ejercicio. Los datos mensuales de ejecución de la Intervención General de la Administración del Estado (Iage) demuestran que la cifra se quedó en 166 millones.

Es decir, entre los dos nuevos tributos que entraron en vigor en 2021 Hacienda recaudó 462 millones de euros, apenas un 25% de los 1.818 millones estimados en un principio para ese primer año de aplicación. El golpe es más rotundo todavía si se compara con la estimación que el Gobierno había realizado tiempo atrás, en 2019, cuando se plantearon estos impuestos. Entonces, apuntaba a que la recaudación alcanzaría los 2.050 millones al año.

Tras el fiasco en las cifras, el Gobierno se vio obligado a recular en su previsión de cara a los Presupuestos de 2022. En concreto, en las nuevas cuentas públicas estimó que este año se ingresarían 372 millones de euros.