Las industrias con ayudas tendrán que mantener la actividad hasta cinco años
La nueva ley aspira a colocar la economía española a la vanguardia
La ministra Reyes Maroto, ayer en el anuncio de la nueva ley. JUAN CARLOS HIDALGO
Las empresas industriales beneficiarias de ayudas públicas tendrán que mantener su actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de una gran compañía, o tres años si se trata de una pyme, según el anteproyecto de la nueva Ley de Industria, aprobado este lunes por el Gobierno en primera vuelta.
El texto también recoge como novedad la obligación de las empresas en determinadas circunstancias de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores el cierre o la reducción de actividad que suponga una pérdida importante de puestos de trabajo.
En estas ocasiones, se creará una mesa de reindustrialización en la que participarán la Administración General del Estado y las comunidades autónomas afectadas para «tratar de prevenir la pérdida de capacidades industriales y de empleo», ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Durante su intervención, Maroto ha anunciado la aprobación del anteproyecto para la futura Ley de Industria, que sustituirá a la actual, la cual data de 1992.
El nuevo articulado «aspira a situar a la industria española a la vanguardia de las transformaciones del siglo XXI», ha añadido Maroto, que ha insistido en que «refuerza el papel de la industria, fortalece la soberanía estratégica e industrial.
NOVEDADES DEL TEXTO
Como ha avanzado Maroto, el anteproyecto, que «involucra al conjunto de las Administraciones, de los agentes económicos y sociales, y de las fuerzas públicas y políticas», incorpora varias novedades fundamentales. Son medidas que pretenden que la industria «siga contribuyendo a la recuperación económica y social, y a modernizar el modelo productivo para alinearlo con la doble transición verde y digital, y para lograr una mayor cohesión social y territorial».
En primer lugar, el texto favorece la atracción de inversiones en sectores estratégicos con gran impacto en el empleo, pero también en territorios afectados por el reto demográfico, impulsando proyectos tractores y de interés general. Se entiende por proyectos de interés general aquellos que cumplan un significativo volumen de inversión y empleo indefinido, que se integren en ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores estratégicos, o alineados con los objetivos industriales de la Unión Europea e integrados en los mecanismos de financiación europea.
Del mismo modo, incorpora medidas para la protección y el impulso de la competitividad industrial, y reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía así como iniciativas de acompañamiento para facilitar su descarbonización. Dentro de este apartado se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional. Se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios y de apoyo en los que se desarrollen proyectos piloto.