Las empresas tendrán un canal de denuncia de irregularidades
Un ‘whistleblower’ significa literalmente el que usa un silbato para dar la alerta y Europa ha decidido dar un silbato a todos sus ciudadanos para que denuncien irregularidades y corrupciones en las empresas. El Congreso de los Diputados acaba de aprobar —el 28 de diciembre— la transposición de la directiva comunitaria de ‘whistleblowing’ que obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a establecer un canal de denuncias.
A través de este canal, los trabajadores, accionistas, proveedores, directivos, contratistas, subcontratistas, empleados públicos o becarios podrán informar sobre infracciones cometidas por la empresa que supongan un quebranto para Hacienda o la Seguridad Social, que afecten a la competencia, a los intereses financieros de la UE, ayudas públicas, o a la seguridad y salud en el trabajo.
Desde delitos fiscales hasta sobornos o corrupción, incluso absentismos encubiertos pueden ser comunicados a través de este canal que las empresas, ayuntamientos, sindicatos, organizaciones patronales, universidades y fundaciones que reciban fondos públicos deberán poner en marcha este año (en el primer semestre las que tengan más de 250 trabajadores y antes del 1 de diciembre las que tengan entre 50 y 250 empleados y los municipios de menos de 10.000 habitantes). Si no crean este canal o no tramitan correctamente las denuncias podrán ser sancionadas con hasta un millón de euros en caso de infracción muy grave.
NO ES UN CHIVATAZO
En España está mal visto el ‘chivatazo’, pero el proyecto de ley recalca que «es deber de todos los ciudadanos que presencien la comisión de un delito denunciarlo» y que esta «actitud valiente tiene una clara utilidad pública». Recientes casos de corrupción fueron investigados gracias a una denuncia previa, aunque en ocasiones provocó consecuencias penosas para quien denunció, como reconoce el propio legislador. Por eso, la Unión Europea y ahora España legislan para amparar a los «informantes», que podrán comunicar de forma anónima y estarán protegidos de posibles represalias (despidos, intimidaciones, trato desfavorable), tanto ellos como sus familiares y compañeros en los dos años siguientes al fin de las investigaciones.