El Gobierno aprueba un caudal ecológico para el Tajo

El Gobierno aprobó este martes los planes hidrológicos de las 12 cuencas de los ríos que son de competencia estatal y que, entre otras cosas, establecen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que obligará a imponer un recorte de las aportaciones al Segura, una circunstancia que ya ha provocado agrias protestas en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. La idea del Ejecutivo consiste en que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, pase a ocho desde 2026 y se eleve a 8,65 en 2027.

El real decreto que ha visto la luz este martes prevé la planificación hidrológica del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, así como de la parte española de los ríos compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana) y Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).

La vicepresidenta Teresa Ribera insistió en el «compromiso del Gobierno con el Levante, «la España más seca», y sostuvo que «la fijación por primera vez de un caudal ecológico en el Tajo» obliga a adoptar medidas que no supongan un riesgo para la disponibilidad de recursos hídricos en las cuencas que han contado hasta ahora con el agua del trasvase. Según dijo, los planes hidrológicos abarcan el 86% del territorio nacional, afectan al 65% de la población y cuentan con una inversión de 22.844 millones, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal. «Jamás se han destinado tantos recursos a la inversión y gestión en agua», remachó. Nunca hasta ahora el Ministerio para la Transición Ecológica había determinado un caudal ecológico para el Tajo. Imponer un caudal ecológico significa establecer un mínimo de agua que debe circular, lo que perjudica a los agricultores de Alicante, Murcia y Almería que viven del regadío.