El Gobierno ataca a Ferrovial por dar una imagen de debilidad de España
La vicepresidenta Calviño recuerda a Del Pino que la constructora le «debe todo a España»
Sede de Ferrovial en Madrid. FERNANDO ALVARADO
Sorpresa, indignación y enfado monumental del Gobierno con Ferrovial tras la decisión de la constructora de llevar su sede social desde España a Países Bajos, justo en un momento que el Ejecutivo considera «crucial» de cara al resto de inversores internacionales. La vicepresidenta, Nadia Calviño, fue la encargada de levantar ayer el teléfono para hablar con el presidente de la constructora, Rafael del Pino, y mostrarle su «claro rechazo» a este traslado.
En el trasfondo de este cambio legal de domicilio social subyace la imagen que proyecta esta decisión de España ante los inversores extranjeros. «Es más un gesto o una señal», admitió ayer Calviño. Porque el Ejecutivo es consciente de que este anuncio puede provocar daño en la imagen exterior de la economía frente a otros grandes inversionistas.
Se trata de una señal «en un momento de importante atracción extranjera y confianza de los inversores y empresas extranjeros en España», apuntan esas mismas fuentes. Esta es la preocupación que ha asumido el Gobierno tras conocer la decisión de la constructora, que no había informado previamente a Moncloa sobre sus intenciones hasta que el martes la comunicó a la CNMV. «Me parece que va en contra de la imagen de nuestro país», advirtió Calviño.
La vicepresidenta, que se mostró cauta en la conversación mantenida con Del Pino, es consciente de que los empresarios han visto cómo parte de los ministros de Unidas Podemos han lanzado duras críticas contra ellos en los últimos meses con consideraciones como «capitalismo despiadado» de la ministra Ione Belarra contra Juan Roig, presidente de Mercadona. La reacción de los ‘morados’ a la decisión de Ferrovial fue pedir que se excluya a la constructora de la concesión de contratos de obra pública.
«Mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí», dijo el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Calviño había mantenido desde el principio de la legislatura su papel de ministra encargada de mantener el equilibrio dentro de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en materia económica. En sus manos está «el BOE», en referencia a las normas que se aprueban; y en el resto de ministros de la coalición, el «ruido». Pero pocas horas después de conocer la decisión de Ferrovial recordaba a Del Pino que «no resulta aceptable» que una empresa como ésta, «nacida y creada en España», muestre ahora «esta falta de compromiso con su país».
El Ejecutivo considera que «se trata de una empresa que debe todo a España». Y por eso se encargó ayer de recordar la trayectoria histórica del grupo, nacido en los años 50 y que se ha beneficiado de las obras públicas financiadas por el Estado e incluso «por diferentes Gobiernos», según Calviño.
La vertiente fiscal ha sido una de las que más ha puesto en duda la decisión del grupo ante la posibilidad de ahorrarse pagos en impuestos. Pero Ferrovial sostiene que el impacto tributario es «mínimo». Los analistas calculan que le puede suponer un ahorro de uno 40 millones de euros en la tributación por los dividendos recibidos de sus filiales o participadas. En España están exentos en un 95% y en Países Bajos al 100%. Esa es la diferencia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que la empresa obtiene más de un 80% de sus beneficios fuera de España, por lo que ya no tributaba por ellos. Mientras tanto, el grupo arguye que su propuesta de traslado de sede social es puramente empresarial y no se encuentra vinculada a variables políticas. En este sentido, Ferrovial cambiará su ubicación legal después de «meses» en los que sus principales accionistas «han animado» a hacerlo al tratarse de grandes fondos internacionales, apuntan fuentes de la firma a este diario.
El mercado respondió de forma positiva a la polémica decisión. Las acciones de Ferrovial se revalorizaron ayer un 0,6% y las casas de análisis lo ven como una buena decisión para lograr el objetivo de obtener un mayor acceso a los mercados de capitales, por ejemplo EE UU. La decisión final queda en manos de los accionistas. Así, su oposición no puede superar un 2,57% de los votos de la junta (unos 500 millones de euros), según establece la compañía en su anuncio.