Elevar la indemnización, otra grieta
El coste del despido vuelve a estar en el centro del debate tras prometer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el Gobierno trabajará «pronto» para modificar las actuales condiciones que hay en España y elevar las indemnizaciones actuales. Lo hizo en el Congreso de los Diputados durante el debate de una moción interpuesta por ERC para recuperar los 45 días por año trabajado para el despido improcedente, que se rebajaron a 33 en la reforma laboral de 2012. ERC se suma así a la ofensiva que han lanzado los sindicatos para mejorar las compensaciones de los trabajadores que se quedan sin trabajo de forma injustificada.
Fue UGT el primero en reabrir una vieja herida de la izquierda cuando hace casi un año presentó una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio «asequible y nada disuasivo» del despido en nuestro país, denuncia a la que posteriormente se sumó CC OO y que el Consejo de Europa admitió a trámite.
Y lo hizo pese a que la reforma laboral aprobada hace poco más de un año dio carpetazo a esta antigua reivindicación de los sindicatos. Ese fue el pacto que se hizo en la mesa del diálogo social: no tocarlo para lograr un acuerdo, puesto que era una línea roja de la CEOE que en ningún caso estaba dispuesta a negociar. A cambio, la patronal abrió la mano a limitar al máximo el contrato temporal e impulsar los indefinidos, bajo el paraguas de esa figura de los fijos discontinuos, que hasta ahora había sido residual pero que ha eclosionado en el último año; de hecho, se ha duplicado y son ya casi un millón de trabajadores con este empleo intermitente, pero que tiene los mismos derechos que el indefinido en caso de rescisión.
La moción de ERC no prosperó y, además, dejó en evidencia una nueva grieta en el Gobierno de coalición: el PSOE votó en contra mientras Unidas Podemos, a favor. Pero no solo eso. Pese a que Díaz viene repitiendo en los últimos meses la necesidad de elevar el coste del despido por ser demasiado barato, el Gobierno al que pertenece y del que además es vicepresidenta negó la mayor. Tras las denuncias de los sindicatos, el Ejecutivo defendió recientemente ante Europa las «ventajas» del actual esquema de despido improcedente que se basa «en factores automáticos» (salario y antigüedad) y que viene aplicándose desde hace 40 años y «pacíficamente aceptado por los interlocutores sociales». A su juicio, ofrece «certidumbre y seguridad» tanto para el trabajador como para el empresario, «que puede conocer de antemano las consecuencias de una extinción laboral». Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elevó la indemnización por despido a 48 días por año trabajado y un máximo de tres años, muy por encima de lo que rige la ley.
Los jueces esperan ahora que se pronuncie Europa, previsiblemente antes de final de año, lo que podría instar a un cambio legal.