La Autoridad Fiscal calcula que el paquete anticrisis costará 14.000 M€

El plan anticrisis del Gobierno que entró en vigor el pasado 1 de enero y que incluyó la reducción del IVA de determinados alimentos, la bonificación a los carburantes para transportistas o la reducción de los impuestos de la energía, supone un aumento del 1% del déficit público. Así lo calcula la Autoridad Fiscal (Airef), que prevé que el déficit cerrará este año en el 4,2%, nueve décimas más de lo estimado hace tres meses, un punto más por las medidas y una décima menos por la mejora del escenario económico a nivel mundial.

El coste total de las medidas en 2023 para paliar la crisis energética y de precios es de más de 14.000 millones de euros. Este coste se divide entre 6.080 millones de euros que las arcas públicas pierden en recaudación por las reducciones del IVA de la luz y el gas, así como de determinado alimentos, y unos gastos que ascienden a 7.900 millones por las bonificaciones al carburante, las ayudas sectoriales o las ayudas directas a particulares.

Esta tasa de déficit supone incumplir el objetivo de déficit que el Gobierno ha planteado para este año en el 3,9%, tres décimas menos, y quedarse muy lejos del umbral máximo de déficit que admite Bruselas (3%) ahora que se reactivan las normas fiscales europeas. Además, este nivel de déficit supone que las medidas anticrisis solo han permitido reducir el desequilibrio fiscal en seis décimas desde el 4,8% con el que cerró 2022.

El estudio revela que el ajuste fiscal podría haber sido mucho mayor sin estas medidas, ya que simplemente el crecimiento económico resta ocho décimas al déficit de este año y los nuevos impuestos dos décimas más, pero la subida de las pensiones con el IPC y las medidas para hacer frente a la crisis compensan esas mejoras hasta dejar el déficit en el 4,2% para 2023.

En concreto, los cálculos de la Airef indican que la reducción de IVA de la luz y gas (así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad) tiene un coste para el Estado de 5.300 millones de euros en pérdida de recaudación este año. Y la reducción del IVA de ciertos alimentos básicos tiene un coste de 782 millones de euros, 643 millones por la reducción del 4% al 0% de los de primera necesidad y de 139 millones por la bajada del 10% al 5% del IVA de los aceites y las pastas.

En cuanto a los gastos, las bonificaciones al carburante han tenido un coste de 1.347 millones, las ayudas sectoriales de 2.688 millones, las ayudas directas suponen 1.200 millones de euros al Estado, el resto de ayudas a particulares cuestan 2.400 millones y las ayudas a refugiados, 300 millones.

La mayor parte del déficit es de la Administración Central -3,5%, medio punto más que en la previsión anterior- debido al impacto de las medidas anticrisis, que las costea el Estado. Las comunidades autónomas aumentan dos décimas hasta el 0,3% su déficit para este año por una previsión de ingresos inferior a lo esperado.

Según adelantó el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas, solo cuatro comunidades autónomas cerrarán 2023 con un déficit superior al 0,3% fijado: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.

Sin embargo, la Seguridad Social mejora su previsión de déficit en una décima hasta el 0,5% por el incremento de las cotizaciones sociales y un gasto en pensiones menor del previsto por haber cerrado la inflación de 2022 en el 8,5% en lugar del 8,9% estimado.

Por ello, pese a las mejores expectativas económicas a nivel nacional e internacional del comienzo del año, la Autoridad Fiscal mantiene su previsión de crecimiento para este año en el 1,6% del PIB. La incertidumbre más acusada es que la subida de los tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones de financiación impacte en la segunda parte del año y condicionen el crecimiento.

«La actividad se está comportando con mayor fuerza de lo esperado», reconoció durante la presentación Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico de la Airef, debido al positivo comportamiento del mercado de trabajo y de la moderación de los precios de las materias primas energéticas.