Ferrovial vence al final el pulso al Gobierno y se va a Países Bajos
Rafael del Pino muestra su confianza en que la decisión de los accionistas se respete
Rafael del Pino e Ignacio Madridejos, ayer, durante la junta de accionistas. JAVIER LIZÓN
Una mayoría absoluta de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la junta de accionistas de la compañía han respaldado el plan de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos, votando a favor de la propuesta. Con un quórum del 77,6%, la junta ha dado ‘luz verde’ a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.
En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado.
Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.
Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese de derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.
El único fleco abierto ahora será el del coste fiscal de esta operación, es decir los impuestos a pagar por el traslado. El Gobierno ya ha advertido a la empresa que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos (sino fiscales) para realizar la operación, no quedará exenta de las ventajas fiscales que aplican en estos casos.
Por el contrario, el presidente de la compañía, Rafael del Pino, ha defendido en su discurso en la junta que la operación podrá acogerse al régimen de neutralidad fiscal, al contar con motivos económicos y no fiscales.
El principal accionista de Ferrovial es su presidente, Rafael del Pino, que controla el 20,4% del capital, seguido de su hermana María del Pino (8,2%); el fondo británico TCI (6,4%), fundado por Christopher Hohn, un británico multimillonario que aparece en el puesto 273 de la lista Forbes de las mayores fortunas del planeta; su otro hermano Leopoldo del Pino (4,1%) y los fondos BlackRock (3,18%) y Lazard (3%).
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, confía en que el Gobierno respete la decisión de la junta general de accionistas.
«Quiero manifestar nuestra confianza en que se respetará la soberanía de la junta y que prevalecerá esta soberanía dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea», ha señalado.
Así ha respondido el presidente de la compañía a las preguntas de varios accionistas que han cuestionado la legalidad de lo que consideran «ataques» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha esta operación.