El Gobierno aprobará un permiso laboral retribuido para evitar suicidios

El Gobierno va a diseñar y aprobar un permiso laboral extraordinario y retribuido al 100% para evitar suicidios. Para que familiares o amigos, cuando así lo estima necesario el médico, puedan acompañar a los pacientes de alto riesgo cuando se encuentren en estas situaciones límite. La idea es que, además de apoyarlos, contribuyan con sus cuidados a que abandonen la decisión de quitarse la vida. El Ejecutivo pretende tener aprobado el nuevo derecho en pocas semanas y, en cualquier caso, antes de que este otoño se agote la legislatura.

Se trata de la asunción por parte del Ejecutivo de la demanda urgente que el pleno del Congreso, por unanimidad, le trasladó el pasado 23 de febrero, a propuesta de los diputados de Más País. La Cámara Baja instó al Consejo de Ministros a poner en marcha con premura esta medida para romper con el que los expertos consideran el mejor aliado de los pensamientos suicidas: la soledad.

El Ministerio de Seguridad Social ha recogido el guante y ha creado un grupo de trabajo para diseñar el futuro permiso. En cuento tenga de una propuesta concreta, algo que sus responsables esperan que ocurra en dos semanas, la trasladará a la mesa del diálogo social para que sindicatos y empresarios la debatan y realicen sus aportaciones para definir la fórmula jurídica más adecuada, así como su mejor encaje en el sistema de prestaciones de la Seguridad Social. El paso de la mesa de diálogo social a la del Consejo de Ministros y de ahí a las páginas del BOE debería ser una operación rápida, según las fuentes consultadas.

España padece una cifra récord de suicidios. Supera los 4.000 fallecidos anuales. Once muertes al día que, en realidad, son bastantes más, porque los expertos estiman que entre el 30% y el 40% de estos decesos o no se detectan o bien se ocultan por el entorno de la víctima. El brutal impacto de la pandemia en la vida y la salud mental de muchos españoles aceleró la tendencia al aumento continuado de las autolisis iniciado hace una década, con crecimientos especialmente alarmantes entre jóvenes y adolescentes. Es la primera causa de muerte no vinculada a las enfermedades en España y ya cuadruplica los fallecimientos provocados por los accidentes de tráfico.

Acuerdo cerrado

El acuerdo para impulsar el nuevo permiso se cerró el lunes pasado en una reunión de trabajo entre el ministro, José Luis Escrivá, y el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, según confirmó esta mañana el propio diputado. La idea, aún por depurar, es que el permiso, tenga la forma jurídica de baja laboral -prestación por incapacidad temporal- o de otra prestación, lo conceda el médico o especialista que trata a la persona en alto riesgo de suicidio y que su acompañante tenga una licencia de una semana de duración, prorrogable a otra, durante la que el Estado le pagaría el 100% del salario y su empleador tendría la obligación de conceder la licencia.

El permiso no está pensado para salir al paso de cualquier tipo de ideación suicida. Su objetivo es asegurar el acompañamiento y los cuidados solo en los casos más extremos, en los momentos puntuales en los que el médico o el psicólogo certifican un riesgo inminente para la vida. Se estaría hablando, no obstante, de varias decenas de miles de casos anuales, pues las estimaciones apuntan que en España se producen unos 200 intentos de suicidio diarios.

Un nuevo derecho La razón para su retribución pública al 100% es simple. Debe ser una derecho exigible en todo caso, ajeno a la situación económica y laboral particular de los miembros de la familia que sufre la crisis psicológica. Un beneficio garantizado con independencia de que sus padres, hermanos, hijos o amigos puedan o no permitirse dejar de trabajar unos días para atender la emergencia vital.

La propuesta del Congreso señala que, sea cuál sea la fórmula que se adopte, la licencia extraordinaria la debería otorgar el especialista que atiende al enfermo, que es quien puede certificar la situación de riesgo inminente. Debería ser también este médico, psiquiatra o psicólogo clínico quien precise la duración de la baja de acompañamiento, con un límite máximo de catorce días.

Si se hace caso al Legislativo, el permiso de cuidados lo debería solicitar la persona en grave riesgo vital y también debe ser el paciente quien determine cuál es la persona en quien más confía para esta delicada tarea.