España tendrá que ajustar 6.000 M€ al año con las nuevas reglas de la UE
Bruselas obligará a un ajuste del 0,5% del PIB a los países que tengan niveles de déficit y deuda altos
Nadia Calviño en la sesión de control en el Congreso, ayer. ZIPI
Se acabó la talla única fiscal para los países de la Unión Europea (UE). Bruselas presentó este miércoles su propuesta para la reforma de las reglas fiscales, con la que quiere meter en cintura a los países cuya deuda supere el 60% de su PIB y cuyo déficit público exceda el 3%. Estas hojas de ruta se diseñarán a media de cada estado miembro y en colaboración con las autoridades nacionales, que deberán comprometerse a un ajuste fiscal mínimo de 0,5 puntos de PIB al año hasta cumplir con los objetivos que marca el Ejecutivo comunitario.
En España, ese ajuste equivaldría a 6.000 millones de euros al año. Se trata de una cuantía que representa, por ejemplo, la mitad de lo que cada mes gasta la Seguridad Social en pagar la nómina de las pensiones, ya casi por encima de los 12.000 millones de euros mensuales.
Con el déficit español en el 4,8% del PIB y la deuda en el 113,2% a finales de 2022, Bruselas ha incluido recientemente a España en su lista de «países de alto riesgo» en sostenibilidad presupuestaria y la hace susceptible de entrar en estos ajustes.
La Comisión Europea reactivará en 2024 el Pacto de Estabilidad con el que pondrá fin a la relajación de las normas fiscales y reabrirá los procedimientos contra los estados que presenten un déficit público excesivo. Con todo, Bruselas es consciente de que debe cambiar las reglas del juego y transitar hacia un modelo «más gradual», según apostilló en rueda de prensa el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.
Bajo la nueva normativa, los programas de ajuste nacionales se diseñarán con un apoyo técnico de la comisión Europea. Tendrán una duración de cuatro años, aunque se podrán prorrogar hasta siete en los países que presenten «importantes desafíos de deuda, siempre que sus gobiernos se comprometan a ciertas reformas e inversiones», detalla Bruselas. En caso de que se produzca un cambio de gobierno, la administración entrante podrá negociar un nuevo plan con el Ejecutivo comunitario, «siempre que no vaya en detrimento de la ambición fiscal».
El Ejecutivo comunitario mantendrá los procedimientos por déficit excesivo y aplicará sanciones a aquellos países que incumplan lo acordado. «Esas multas económicas se han reducido para que se puedan aplicar sin desestabilizar a un país en apuros», destacó el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. También se incluyen ciertas cláusulas de escape que permitirán «ligeras desviaciones en situaciones específicas» de carácter temporal.
Los contactos con los Veintisiete y el enfado de Alemania, que pedía una reducción mínima específica del déficit y la deuda, han llevado a Bruselas a incluir ciertas salvaguardas en su iniciativa. Así, el texto destaca que la deuda pública de los Estados miembros al final del periodo de cuatro años deberá ser menor que al inicio, con un objetivo de reducción del 0,5% cada año, y «deberá mantenerse en la senda de reducción durante diez años sin llevar a cabo otras políticas adicionales de ajuste».
Este punto, sin embargo, no ha convencido del todo a Berlín y todo apunta a que las negociaciones serán largas y complejas. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, publicó esta misma semana un artículo de opinión en el ‘Financial Times’ en el que defendía su propuesta para que los países con deuda excesiva la reduzcan en un 1% cada año, el doble de lo que fija la iniciativa de Bruselas.
El Ejecutivo comunitario, por su parte, confía en aprobar la normativa este año para que las nuevas reglas fiscales estén en funcionamiento en 2025. El ministerio de Asuntos Económicos recibió la propuesta como «una buena base para las negociaciones» y aseguró que la presidencia española de la UE «pondrá su máximo esfuerzo» para impulsar esta negociación.
Desde el gabinete dirigido por Nadia Calviño valoraron que el paquete presentado este miércoles incluye algunas de las sugerencias planteadas por España y Holanda en abril del año pasado, como «la importancia de un enfoque diferenciado por países» y una «sostenibilidad fiscal que favorezca el crecimiento sostenible».