España levanta el colchón del dinero negro tras dos crisis consecutivas
El afloramiento de empleos para acceder a las ayudas de los últimos años explican la legalización
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. OLIVIER MATTHIES
El dinero negro ha dejado de dominar la picaresca vida de una parte de los españoles, acostumbrados a obviar la economía regularizada. Y aunque posiblemente este cambio de actitud y de mentalidad se haya logrado a la fuerza, ese dinero en ‘b’ tiene un peso menor en el conjunto de la actividad diaria del que tenía hace apenas tres años, cuando irrumpió la pandemia. Ha sido forzado, porque entre las razones que explican el registro de muchas transacciones económicas (emisión de facturas con IVA, contratos ligados a jornadas reales de trabajo, etc.) que antes no dejaban huella ante Hacienda se encuentra la posibilidad de acceder a medidas públicas de protección clave para cualquier ciudadano y que antes eran inexistentes, como los Erte.
Precisamente en la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que acogieron a más de 3,5 millones de trabajadores en el peor momento del coronavirus, y en la necesidad de acogerse a las ayudas sociales derivadas de la guerra en Ucrania y la inflación desbocada, se ve respaldado el Ministerio de Economía para apuntalar este florecimiento. Porque empresarios y trabajadores saben que, si no tienen los papeles en regla, no podrán acceder a este tipo de protección pública si vienen mal dadas:derechos vinculados a enfermedades, paros forzosos e incluso la jubilación. Absolutamente todo se ve afectado ante la Administración si media el dinero negro.
El Ejecutivo ya lo apuntaba en el Plan Presupuestario 2023 remitido a la Comisión Europea a finales del año pasado: «Los mayores niveles de empleo ligados al afloramiento podrían generar mayores ingresos por cotizaciones sociales de aproximadamente 0,2 puntos de PIB». Es decir, que una parte del crecimiento se debe a un mayor protagonismo de la economía bajo los focos.
La histórica discrepancia entre el número de afiliados a la Seguridad Social y los ocupados que así lo admiten en la Encuesta de Población Activa (EPA) se ha ido reduciendo en los últimos años. Es decir, que coinciden las cifras de los registros de afiliados con las de quienes declaran esa misma situación personal ante una muestra del INE.
Afiliados al nivel de ocupados
El catedrático de la Universidad de Vigo e investigador senior de Funcas, Santiago Lago, apunta en esa misma dirección. «Los afiliados a la Seguridad Social han crecido más intensamente de lo que cabría aguardar y una de las explicaciones sería el afloramiento de empleos antes no declarados». El Gobierno los cifra en 200.000. Aunque organismos como Fedea la elevan hasta los 300.000. Y en el caso de Funcas, viene destacando «el contraste entre ocupados EPAy afiliados», indica Lago. Solo en 2022 las altas han superado en más de 130.000 los ocupados de EPA.
Por otra parte, la decisión del Gobierno de combatir el uso fraudulento de la figura del trabajador por cuenta propia que en realidad realiza una labor por cuenta ajena, los denominados ‘falsos autónomos’, también ha aflorado multitud de contratos irregulares. Las estimaciones de la Administración Central cifró en aquel momento en unos 40.000 los empleos fraudulentos que saldrían a la luz con la aplicación de esta medida, datos prudentes teniendo en cuenta que la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) elevó esta cantidad hasta los 210.000. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reveló hace unas semanas que en estos tres años desde que entró la ley en vigor se han regularizado más de 80.000 falsos autónomos.
Más allá de todos estos movimientos en el mercado laboral, el otro talón de Aquiles de la economía sumergida en España está relacionado con el IVA(Impuesto de Valor Añadido). Es decir, si todas las transacciones o actividades que grava este tributo (compras, trabajos en casa, etc.) se encuentran regladas. La brecha entre los datos del consumo privado que se realiza y las bases imponibles del IVA se encuentra en estos momentos en su menor nivel desde hace casi tres décadas. Hay que remontarse a 1995, año en el que se aprobó la Ley de Lucha contra el Fraude. A partir de 2000 existe un inicio de clara discrepancia entre consumo real e IVA declarado que duraría hasta 2008, año en el que estalla la burbuja inmobiliaria. En ese año, la brecha entre lo real y lo teórico se encontraba en el 47%. En la última década ese porcentaje se ha ido reduciendo. Pero no fue hasta 2020 y 2021 cuando realmente las discrepancias entre consumo e impuestos comienzan a aproximarse hasta el 30% actual.