Los optometristas piden su espacio en la Sanidad

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (Coocyl) lleva años trasladando a la Consejería de Sanidad la importancia de incluir a estos profesionales sanitarios de la visión en la sanidad pública para garantizar una atención de calidad en la salud visual de los ciudadanos y, al tiempo, reducir las abultadas listas de espera que soportan los servicios de Oftalmología de la comunidad. Ahora, considera que la medida es ya una «urgente necesidad» en un sistema sanitario que se ha visto desbordado por la pandemia de covid-19 «con unas estructuras incompletas que al no incorporar la figura del óptico optometrista no responde a las necesidades actuales», dice el decano, Luis Ángel Merino. Amaia Villena es la delegada en León del Colegio Profesional de Ópticos Optometristas en Castilla y León: «Considero que la inclusión del óptico optometrista en la atención primaria mejoraría la atención al paciente, además de suponer un ahorro económico para Sacyl.

La incidencia y prevalencia de los problemas oculares aumentan con la edad y la población de la provincia de León está en un claro proceso de envejecimiento, aproximadamente unos 50 años de media. El 80 % de la información se obtiene mediante la vía visual, por lo tanto, cualquier problema ocular causa un fuerte impacto en la vida del paciente», explicó.

 

Además, «la detección precoz mejora la posibilidad de recuperación de muchos problemas de salud ocular y disminuye el gasto de su tratamiento», desde su punto de vista. «Actualmente, el servicio de oftalmología en la provincia de León tiene una lista de espera de unos 80 días de media y la inclusión del optometrista permitiría reducir el tiempo de espera y realizar visitas regulares de prevención y control para aquellas personas que lo necesiten». Según el criterio de Villena «podrían realizarse revisiones visuales con mayor frecuencia para determinar la evolución de un problema visual que lo requiera o realizar funciones específicas de los optometristas, como la terapia visual, que requiere varias visitas a la consulta». La inclusión de los ópticos optometristas en la sanidad pública «permitiría ofrecer nuevas prestaciones a los pacientes, como la terapia visual, que actualmente no pueden está incluida en la cartera de servicios de Sacyl y solo puede realizarse de manera privada».

Por otro lado, «hay enfermedades sistémicas, como la diabetes y la hipertensión que pueden presentar signos oculares, detectables mediante una revisión visual». Por tanto, la revisión de la vista permitiría posteriormente, diagnosticar estos problemas de salud, «lo cual sería muy beneficioso para el paciente. Creo que todos deberíamos tener derecho a una atención visual de calidad de forma pública», según explicanEn el conjunto de la red sanitaria pública en Atención Primaria, en el año 2016 se realizaron unas 10.230.000 consultas relacionadas con la salud visual, de las cuales aproximadamente 2,5 millones fueron derivadas. La red pública cuenta con unos 2.800 oftalmólogos, unos 9.000 pediatras (6.400 de ellos en Atención Primaria) y 29.000 médicos de Familia y generales.

En diciembre de 2017, más de 340.000 pacientes se encontraban en lista de espera para poder ser atendidos en consulta externa de Oftalmología. Los datos muestran que, en la actualidad, 141.000 pacientes aguardan para ser intervenidos quirúrgicamente en los servicios de Oftalmología, con una lista de espera de 74 días. Obviamente, el óptico-optometrista no interviene activamente en procesos quirúrgicos y diagnósticos. Pero debido a su capacitación profesional y a sus competencias, legalmente reconocidas, su capacidad de ‘filtro’ es elevada, teniendo en cuenta que entre el 70 y el 75% de todas las consultas de salud visual que se registran actualmente a nivel general —tanto en los sistemas de salud públicos y privados como en establecimientos sanitarios de óptica— se deben a problemas optométricos, como los que están relacionados con la agudeza visual.