Peligran las medidas estrella de la Ley de Vivienda tras ganar el PP
El tope al alquiler no se aplicará en aquellas comunidades gobernadas por la derecha
Una mujer mira los precios de los pisos en el escaparate de una inmobiliaria. LUIS TEJIDO
El vuelco electoral que se produce tras las elecciones regionales y municipales pone en claro peligro la aplicación de medidas clave de la nueva Ley de Vivienda apenas cuatro días después de su entrada en vigor. Las comunidades autónomas tienen la llave para que iniciativas estrella como los topes al alquiler o la delimitación de grandes tenedores, incluidas en la norma aprobada recientemente por el Gobierno de coalición, puedan ver la luz, pero el color azul que tiñe ahora el mapa político de España complica su desarrollo.
La nueva ley ha tenido que dejar en manos de los gobiernos regionales algunos de los puntos más críticos para no invadir competencias autonómicas, puesto que la vivienda es una facultad que depende de las comunidades autónomas. Ellas son las encargadas de decidir las zonas tensionadas que hay en sus regiones para así poder beneficiarse de muchas de las medidas que se incluyen en la ley, como son el límite a la subida del alquiler, la delimitación de grandes tenedores y las bonificaciones al IRPF, mientras que el aumento del IBI al 150% depende en este caso de los ayuntamientos, también ahora en su inmensa mayoría en manos del PP.
Era uno de los planes estrella de la norma y uno de los mayores puntos de fricción entre el PSOE, reacio a aprobarlo, y Unidas Podemos, que forzó su inclusión en la nueva norma: los topes al alquiler. Después de meses de disputa por cómo regular los precios de los arrendamientos, ambos socios de Gobierno alcanzaron un acuerdo para poner un tope en las zonas tensionadas. Para ello, la administración local debe elaborar un «procedimiento preparatorio» antes de solicitar la declaración de zona tensionada. Además, tendrán que definir informes que incluyan indicadores y datos de los precios de alquiler, de venta y de los niveles de renta de los residentes. Y también una memoria en la que se justifique la necesidad de declarar una zona del mapa inmobiliario en color ‘rojo’, un mapa que ahora, en el ámbito político, se teñirán de azul.
Las comunidades autónomas también deben presentar un plan específico en el que se incluyan las medidas que se proponen para la corrección de los desequilibrios detectados. Y, una vez recabada, toda esa información pasará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que declarará el área tensionada si se cumplen los requisitos. Entonces sí, se establecerán los límites de precios y el resto de iniciativas que dependen de esta definición.
Si toda esta burocracia ya amenazaba con retrasar la aplicación de estas importantes medidas, el nuevo rumbo político del país, comandado por el PP, que se ha posicionado claramente en contra de esta norma, congelará en la práctica su entrada en vigor.