La economía irá al ralentí por el parón del sector público con las elecciones
El Gobierno congelará las grandes decisiones que ejercen el impulso habitual, aunque España aguantará por su buen inicio de año
Imagen de un hotel en la ciudad alicantina de Benidorm. MORELL
Cuando hay elecciones, la Administración se paraliza. Y si se suceden dos comicios sin dilación, como está ocurriendo entre las municipales y autonómicas del 28-M y las generales del 23-J, más aún. La disolución de las Cortes y el posterior Gobierno en funciones no solo han echado a la basura las leyes que estaban en tramitación. Cualquier decisión que se tome estas semanas estará bajo la lupa de la Junta Electoral por si implica tintes electoralistas. No será hasta que haya constituido un nuevo inquilino en la Moncloa, ya sea de la mano del PP o del PSOE, cuando el motor de la economía pública vuelva a carburar. Sin el tirón de la inversión estatal, España seguirá avanzando durante todo el verano, pero lo hará por pura inercia; la que le impulsa desde principios de año con fuerza. Pero poco más.
La Administración ejerce un poder de tracción que no tiene ningún otro actor sobre la economía. Solo en 2022, el peso del gasto público sobre el Producto Interior Bruto (PIB) superó el 47% del total. La maquinaria ministerial sigue funcionando, pero lo hace de forma mucho más discreta. Las decisiones que pueden tomar los ministros son más cortoplacistas, de gestión. La mayor parte de las grandes cuestiones (obras públicas, adjudicaciones, contrataciones, etc.) se quedan aparcadas. Y esa circunstancia se traslada a toda la actividad empresarial y laboral que estaba pendiente del BOE. Los cálculos de los distintos organismos apuntan a que la economía crecerá a un ritmo de entre el 1,5% y el 2,1% en 2023. El PIB ya inició el ejercicio con un alza del 3,8% interanual en el primer trimestre; cifra que previsiblemente será mayor entre abril y junio cuando se conozcan los datos definitivos. El termómetro del PIB de la AIReF en tiempo real ya anticipa que la economía está creciendo un 1% este trimestre; y lo hace a un ritmo superior al 2% a lo largo de todo el ejercicio. Impulso de enero a mayo Independientemente de que la acción de gobierno se paralice durante las próximas semanas, España seguirá avanzando.
Lo hará gracias al impulso de este primer semestre. Y seguirá así al menos hasta septiembre. Es la estimación plasmada por Funcas en uno de sus últimos informes antes de que Pedro Sánchez disolviera las Cortes por sorpresa. Ese estudio apuntaba que la economía irá «de más a menos» y que habrá una «clara desaceleración» respecto al 5,5% registrado en 2022.
A corto plazo persisten factores alcistas, como la desescalada de los precios energéticos, la normalización del turismo y el ritmo de ejecución de los fondos europeos. Pero en contra juegan el impacto de la subida de tipos del BCE, la aún alta inflación y las tensiones en los mercados bancarios.
Las compañías vinculadas a la construcción son las más afectadas por la convocatoria de elecciones. Aunque también han notado -como ocurre habitualmente- el tirón de su actividad en los últimos meses previos a los comicios: la licitación de obra pública ha mejorado en el primer cuatrimestre más de un 10% hasta más de 8.000 millones de euros, según la patronal Seopan.
Pendientes de la regulación Sin embargo, la banca (por el futuro del impuesto extraordinario), las energéticas (por la regulación del mercado y las medidas pendientes, como la nueva tarifa regulada) y el mercado inmobiliario (por la aplicación de la ley de vivienda) son los tres sectores más pendientes tanto de la suspensión de la actividad como de las decisiones estratégicas que pueda tomar el futuro Ejecutivo que salga de las urnas.
Una de las primeras decisiones que deberá tomar ese Gobierno será la activación de la ley de PGE para 2024 nada más tomar el poder. Será su primera gran tarea. La cuestión del dinero que llega de Bruselas también es crucial para España en medio de la campaña. Sin esas transferencias, la recuperación de la actividad se vería mermada de uno de sus pilares. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anunciaba el pasado miércoles que enviará esta semana a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación. Lo hará «para que no se frene ese proceso para movilizar los recursos porque la fecha límite es el 2026». Esta iniciativa no es baladí para que España siga avanzando a su ritmo, aunque la actividad gubernamental y legislativa esté parada prácticamente hasta septiembre. Se trata de una nueva inyección de 84.000 millones de euros vía préstamos, cuya función es complementar el Plan de Recuperación en una segunda fase.