Los grandes jefes de la Inspección de Trabajo se suman a la rebelión contra el Gobierno

Ni siquiera la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio consigue aplacar el conflicto que mantienen los inspectores de Trabajo con el Gobierno. Más bien al contrario. El colectivo exige al Ejecutivo que antes de esa fecha cumpla con los compromisos acordados para modernizar el organismo público, aumentar la plantilla y mejorar las condiciones laborales de sus funcionarios. Por eso, los paros y concentraciones, lejos de paralizarse hasta después de los comicios, se mantienen e intensifican. Este mismo miércoles está previsto un nuevo paro entre las 12 y las 12.30 horas frente a los centros de trabajo de la propia Inspección.

El malestar en todo el colectivo es tal, que los jefes máximos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, todos los directores territoriales de las 17 comunidades autónomas y los responsables provinciales, se han sumado ahora a esta lucha y firmaron este martes un manifiesto en el que mostraron su «profunda preocupación y rechazo por la actual situación de bloqueo» que hay para llevar a cabo el proceso de modernización y reforzamiento de la institución que pactaron con el Gobierno hace casi dos años y que sigue sin resolverse. En el documento, que contiene un total de 57 rúbricas de directores, señalan que respaldan a «todos» sus compañeros que estos días se están movilizando y «apoyan sus reivindicaciones, que son las nuestras», entre las que se encuentran la dimisión tanto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como de la de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. «Consideramos que es inaplazable la necesidad de realizar una reforma profunda de nuestra organización en los términos pactados y que fueron objeto de una larga reflexión interna, en la que participamos directamente con nuestras aportaciones», afirman.

En este sentido, los responsables de todas las unidades de la inspección constatan los «problemas» que afectan a esta institución «a todos los niveles», como «la insuficiencia de recursos humanos, y particularmente de mandos intermedios; la inexistencia de una estructura adecuada que permita una organización eficaz del trabajo; la ausencia de carrera administrativa para sus funcionarios, así como de unas condiciones económicas y laborales que no se corresponden con las funciones y responsabilidades asumidas desde hace años, produciéndose incluso situaciones de agravio y discriminación salarial».

De no resolverse esta situación, los inspectores de Trabajo iniciarán una huelga indefinida a partir del próximo 26 de junio que se prolongaría sine die.