La Inspección de Trabajo se rebela contra Díaz y paraliza sus campañas

Los inspectores de Trabajo dan un paso adelante en la batalla que mantienen contra el Gobierno y paralizan muchas de las campañas que tenían programadas y que se han activado a lo largo de esta legislatura. Se trata de una acción previa a la huelga indefinida que iniciarán a partir del próximo 26 de junio y que se suma a la oleada de paros y movilizaciones que están llevando a cabo contra los Ministerios de Trabajo y Función Pública, a los que acusan de incumplir el acuerdo firmado en julio de 2021 por el que el Ejecutivo se comprometió a reforzar la plantilla del organismo, cada vez más sobrepasado de trabajo, y mejorar sus condiciones laborales y salariales, entre otras medidas.

Así, «hasta que se cumpla el plan estratégico» y se «refuerce la estructura» de la Inspección de Trabajo, los ocho sindicatos que representan al colectivo de inspectores de Trabajo anunciaron este lunes mediante un comunicado que dejarán de supervisar la mayor parte de las campañas puestas en marcha por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que se incluían entre sus actuaciones estrella frente a la lucha contra el fraude y el cumplimiento de velar por los derechos de los trabajadores.

En concreto, las que están vinculadas al plan estratégico, tales como la lucha contra los falsos autónomos y los contratos temporales, el control de los planes de igualdad entre mujeres y hombres, el control del tiempo del trabajo y el registro de la jornada para aflorar las horas extra de los trabajadores, el control de las condiciones salariales de los empleados, las exoneraciones de los Erte Covid, el control de la economía irregular y del trabajo de extranjeros en la agricultura, la campaña de calor, el control de riesgos asociados a la actividad agraria, etc. Cuarenta actuaciones que dejarán de tener vigilancia y que podrían tener impacto en la salud de los trabajadores y en las cuentas públicas.

El colectivo denuncia que ha pasado un año y medio desde que se aprobó el plan estratégico en el Consejo de Ministros de diciembre de 2021 y sus cometidos se han ido incrementando. Sin embargo, lamentan que no se ha fortalecido la estructura de la inspección ni se les ha dotado de una nueva relación de puestos de trabajo, tal y como habían prometido los dos ministerios competentes, los dirigidos por Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Pese a ello, los funcionarios han realizado tanto la actividad no planificada (denuncias, etc.), como la actividad programada (campañas), que se han generado por el organismo para dar cumplimiento al Plan estratégico. Hasta ahora, que se han rebelado y paralizan estas actuaciones.

«Si nos hallamos ante derechos que la Constitución garantiza, habrá que reforzar las garantías legales y, sobre todo, institucionales de los mismos si queremos asegurar su efectividad», explican los sindicatos firmantes. Y precisan: «Y aquí es donde se revela como decisivo el papel a jugar por la inspección de Trabajo, una de las más potentes estructuras de Estado, cuyas funciones propias la conectan directamente con los ámbitos donde los derechos laborales y una buena parte de los derechos sociales toman cuerpo».

Los sindicatos, que denuncian que «la Inspección cumple y el Gobierno, no», mantienen las movilizaciones, concentraciones y paros parciales que llevan meses realizando y advierten al Ejecutivo de que, si no cumplen con lo pactado, comenzarán una huelga indefinida el 26 de junio.