La Airef desinfla los cálculos de Escrivá de los perceptores del IMV

El ingreso mínimo vital (IMV) está teniendo problemas para llegar a los hogares que lo necesitan. Esta prestación no contributiva dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y garantizar una renta mínima solo llega al 35% de los potenciales beneficiarios, según advirtió este jueves la Autoridad Fiscal (Airef) en la publicación de su Segunda Opinión sobre el IMV. En concreto, el organismo dirigido por Cristina Herreno calcula que la ayuda gestionada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social llegaba a 31 de diciembre de 2022 solo a 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 que podrían percibirlo, que era el objetivo del propio Gobierno cuando puso en marcha la prestación en el año 2020. Son solo 43.000 hogares más los que se han adscrito a la ayuda en 2022. El porcentaje es ligeramente mejor en el caso de los hogares monoparentales, ya que en este caso el IMV llega al 48% de los potenciales beneficiarios.

Estos datos distan mucho de los ofrecidos por el Gobierno. El ministerio de José Luis Escrivá publicó hace unas semanas el último dato disponible sobre los perceptores del IMV (hasta el 31 de mayo) anunciando que la prestación habían alcanzado los 628.000 hogares, más del doble de la cifra que anuncia la Airef. ¿Cómo es posible que entre el Gobierno y la Airef haya 344.000 hogares que reciben la ayuda de diferencia? Porque las cifras de las que habla el ministerio son acumuladas, es decir, se trata de todos los hogares que se han beneficiado de la ayuda desde que se puso en marcha. Sin embargo, el dato que ofrece la Airef es de una fecha concreta, es decir, cuántas familias se beneficiaban de esta ayuda a 31 de diciembre de 2022.

La presidenta del organismo, Cristina Herrero, fue tajante: «(El dato que da el ministerio) se ajusta a la realidad, pero a la realidad que ellos quieren mostrar». La pugna fue más allá cuando el Ministerio de Seguridad Social difundió entre los medios unas aclaraciones en plena presentación de la Airef en la que les acusa de elaborar su informe «sin interlocución con el área del ministerio que dirige esta política». Algo que en ese mismo momento desmintió Herrero, asegurando que han mantenido reuniones con los gestores ya que de otra forma «no hubiéramos podido conocer todos estos datos». «Hemos recibido valoraciones por parte de tres ministerios sobre este informe, pero ninguna de las alegaciones alteraban los datos, que son incontestables», señaló la presidenta.

El ejemplo que puso para explicar por qué el dato mensual es más acertado que el agregado es que cuando se ofrece el de las pensiones, se contabilizan cuántos beneficiarios hay ese mes concreto, «no se dice cuántos millones de personas han cobrado una pensión a lo largo de la historia», ironizó Herrero. Fuentes del Ministerio de Inclusión explicaron a este periódico que el IMV es una prestación de naturaleza muy diferente a otras como las pensiones, una prestación viva en la que un hogar entra y sale en función de la situación económica que tenga. Por ello, explican que la mejor forma de dar los datos es con el acumulado. «En este tipo de prestaciones, el dato mensual de nómina es menos informativo porque que haya más o menos perceptores que el mes pasado no se puede interpretar directamente como un dato ‘bueno’ o ‘malo’, ya que una bajada en el dato puede deberse a la mejora de la situación económica y sería bueno», explican las mismas fuentes.

No lo piden

Más allá de esta disputa en los números, los datos de la Airef señalan que seis de cada diez hogares (58%) que cumplen con los criterios para ser beneficiarios del IMV no lo solicitan. Desde el organismo aseguran que es un porcentaje similar al de países del entorno con ayudas de este tipo, pero que pueden establecerse acciones concretas para corregirlo lo máximo posible. En este sentido, la Airef establece un perfilado de los hogares no solicitantes para «dirigir las medidas de difusión de acceso a la prestación» y detecta que el 61% son hogares sin menores y que el 64% reside en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. El grado de denegación es del 69%, es decir, siete de cada diez hogares que lo solicitan no cumplen con los criterios necesarios para cobrar esta prestación, un porcentaje similar al que había en 2021. Según el organismo, la causa principal de denegación es por sobrepasar la renta máxima requerida.