Hacienda destapa 16.700 millones por fraude de grandes empresas y patrimonios
La lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes objetivos del Gobierno y, también, en uno de los compromisos más exigentes del Plan de Recuperación pactado con Bruselas que da acceso a los fondos europeos. Reducir las vías de escape que emplean particulares y empresas para obviar al fisco resulta vital para evitar un agujero en la recaudación del Estado. Pero el camino para detectar esas ingeniosas herramientas tributarias es largo y muchas veces infructuoso. En concreto, la Agencia Tributaria recaudó en 2022 unos 16.675 millones de euros con este esfuerzo de vigilancia, un 1,3% menos que el año anterior. Y eso que el número de controles se incrementó un 7,6% en el ejercicio hasta contabilizar un total de 39.366 actuaciones sobre grandes empresas y patrimonios relevantes, además de las derivadas de la propia lucha contra la economía sumergida.
Dentro de las cifras totales, destaca el apartado de grandes multinacionales, donde el fisco regularizó bases imponibles por unos 3.409 millones de euros el pasado año tras acometer 117 inspecciones, en línea con los datos registrados en los últimos tres ejercicios.
Por otro lado, y dentro del plan de lucha contra la economía sumergida, los inspectores de la Agencia Tributaria realizaron más de 29.000 peinados (actuaciones presenciales, las denominadas ‘visitas’), de los que una buena parte (cerca de 9.800) tuvieron que ver con el ‘Plan de Visitas IVA’, muy centrado en determinados sectores como el del automóvil, productos de origen asiático o los alcoholes. Falsas residencias En lo que respecta a los patrimonios de personas físicas, los datos son bastante más modestos.
En este segmento se llevaron a cabo un total de 1.130 actuaciones que permitieron aflorar 546 millones de euros por diversas irregularidades. «Desde 2018 hasta el pasado 2022, se han liquidado en este ámbito más de 2.400 millones de euros en más de 4.400 expedientes de comprobación». No obstante, hay una referencia que refleja cierto revés en las perspectivas del Gobierno sobre uno de los pilares de su plan de lucha contra el fraude: la detección de contribuyentes que establecen su residencia en otros países u otras comunidades con el objetivo de disfrutar de una mejor fiscalidad y pagar menos impuestos, aunque no vivan realmente allí el tiempo necesario.
Las estadísticas evidencian que Hacienda apenas detectó a 97 contribuyentes en esta situación de residencia irregular. Estos ciudadanos tuvieron que pagar unos 28,2 millones de euros. Una cifra muy baja si se tiene en cuenta que el número de operaciones llevadas a cabo sobre los sospechosos por esta conducta alcanzó los 252. Es decir, de todos los casos investigados solo se detectó posible fraude en un 38% de los mismos.