El plan de vivienda social de la Sareb se enfrenta a 2.350 okupas
La gestora mantiene procesos judiciales con todos estos residentes que no son vulnerables
Imagen de archivo de jóvenes okupas protestando durante el desalojo de un edicio. JUAN HERRERO
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se ha convertido en uno de los grandes pilares del plan para impulsar el parque de vivienda social en España, que actualmente apenas alcanza el 3% del total, frente al 9% que supera la media de la Unión Europea.
La gestora que nació en 2012 para hacerse cargo de los activos problemáticos de las cajas quebradas trabaja a fondo desde hace años en esta estrategia de casas asequibles. Pero su programa se aceleró en 2022 después de que el Estado, a través del FROB, asumiese la mayoría del accionariado. La gestión social pasó entonces a ser propósito prioritario y así se demostró con movimientos como el fichaje de Pau Pérez de Acha, directivo procedente de la división de vivienda social de Banco Sabadell y muy reconocido por sus éxitos en esta área.
La Sareb cuenta actualmente con un parque de 14.789 viviendas dentro de su programa social y asequible que, según indican fuentes de la entidad, «llegaron a la cartera bajo muy diferentes casuísticas», algunas de ellas adjudicadas tras la resolución de concursos de acreedores de los promotores, por ejemplo. Entre todas ellas, existe una severa lacra, la de la ocupación ilegal, que amenaza con entorpecer los objetivos de la entidad. Y también los del Gobierno, que tiene en estos inmuebles una de sus bazas para cumplir su compromiso de vivienda social. En concreto, la Sareb aún cuenta con 2.349 casas ocupadas de forma ilegal por personas que no son vulnerables, contra las que ya se han emprendido acciones —primero «amistosas» y después judiciales— para recuperar su control y poder vender posteriormente. Ysiempre con el horizonte en noviembre de 2027, cuando en principio debería terminar la vida útil de la sociedad. Pero este tipo de procesos son largos, retrasando el momento en el que la gestora puede tomar posesión del activo que, en muchas ocasiones, debe rehabilitar o reformar y arreglar después para ofrecerlo en condiciones aceptables.
Gestión con vulnerables
Además de las ocupaciones ilegales, Sareb también ha detectado a muchos residentes que presentan impagos, aunque por situaciones de auténtica vulnerabilidad. «Son familias que han perdido su fuente de ingresos principal porque, por ejemplo, les han despedido del trabajo, o que tienen niños a su cargo, pero que están dispuestas a pagar», indican desde la gestora.
Tras un exhaustivo análisis para detectar a todo este colectivo, la sociedad ha puesto en marcha una nueva estrategia que ha sustituido a la vía judicial. Para estas familias—-sobre las que se realiza una aproximación individual, puerta por puerta— se activa un amplio protocolo para la firma de un alquiler social (inferior al 30% de sus ingresos), seguido de un programa de acompañamiento destinado a acceder a posibles ayudas públicas, además de impulsar la inserción laboral con mediadores sociales. Con estas actuaciones se han logrado pactar unos 30 alquileres sociales al día.