El asalto saudí a Telefónica deja al Gobierno perplejo por su gravedad
Calviño admite que se enteró horas antes y busca una grieta para tratar de condicionar la compra
La noticia impulsó a Telefónica en la Bolsa en una jornada que no era nada positiva. VEGA ALONSO DEL VAL
La patata caliente de la operación saudí sobre Telefónica era el más inimaginable de los baches económicos que podría esperar el Gobierno en funciones en medio de las negociaciones para la futura investidura de Pedro Sánchez. Ni lo habían visto venir, ni han podido aún calibrar el impacto de la adquisición a tenor de las primeras reacciones públicas. El anuncio de la operadora STC por el que se hace con 9,9% de acciones de la española deja al grupo de Arabia Saudí como primer inversor de una firma «estratégica» con implicaciones en materias sensibles como los datos, la tecnología, la conectividad y hasta la defensa.
Las telecos, en general, y Telefónica en particular, han estado en el punto de mira de las inversiones de Riad (la capital de Arabia Saudí)desde hace tiempo. El ‘shock’ derivado de la pandemia activó las alarmas en los productores de petróleo, que comenzaron a buscar alternativas como la que ayer se materializó. Pero los movimientos han sido tan sigilosos en los últimos meses que ni el Gobierno ni el equipo gestor de Telefónica se habían percatado de la posible adquisición. «Han sido extremadamente discretos», apunta una fuente gubernamental a este diario.
El grupo STC venía realizando gestiones silenciosas en los últimos meses; esperó a definir la operación tras las elecciones generales; y, sobre todo, ha aprovechado el parón de actividad de agosto para finiquitar la compra. Lo anunció en cuanto pudo: el martes, primer día hábil tras el festivo habitual del primer lunes de septiembre en EEUU, cuando se celebra el día del Trabajo.
Gran volumen
Telefónica cuenta en estos momentos con 100.000 empleados en todo el mundo
El movimiento ha coincidido con la presencia de la vicepresidenta Nadia Calviño en Bruselas, donde se encontraba para preparar el Ecofin de la próxima semana en Santiago de Compostela. Desde allí, la ministra trató de aclarar que defenderá los intereses de España, aunque al mismo tiempo dejó la puerta abierta a la necesidad de que los inversores inviertan en la economía. «Aplicaremos todos los mecanismos para garantizar los intereses estratégicos», indicó.
Consciente de la repercusión de la operación desde el punto de vista económico y empresarial —Telefónica cuenta con 100.000 empleados en todo el mundo—, la vicepresidenta aclaró que están «analizando» todos los factores de la operación. Porque la teleco es «estratégica para nuestro país». Por su parte, el portavoz económico del PP, Juan Bravo, les acusó de estar «más pendiente de pactar amnistías» que atender a los intereses de las empresas españolas». Entre los socios de la coalición, con Sumar a la cabeza, exigen una regulación más estricta para evitar este tipo de casos. Y UGT, el principal sindicato de la operadora, considera que con esta operación la compañía «va a poder funcionar en buenas condiciones», según su secretario general, Pepe Álvarez.