La CEOE recurrirá la obligación de avisar de un ERE seis meses antes
Reclama también mantener la bonificación para la formación que disfrutan desde 2004
La vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Empleo, Yolanda Díaz. KIKO HUESCA
Nuevos frentes judiciales se abren contra el Gobierno. La CEOE recurrirá la nueva obligación que el Ejecutivo impuso desde el pasado mes de julio a las empresas de tener que preavisar de un despido colectivo (ERE) con al menos seis meses de antelación. Lo hizo estando en funciones, por la puerta de atrás, dentro de una norma que teóricamente iba de otra cosa y sin ningún tipo de diálogo previo ni mucho menos acuerdo social, apenas año y medio después de que entrara en vigor la reforma laboral, argumentan fuentes de la patronal a este periódico.
Así se aprobó en la Junta Directiva celebrada este miércoles, en la que también se acordó reclamar al Ministerio de Trabajo que mantenga el sistema de bonificaciones a la formación obligatoria tras el cambio de criterio aplicado por la Inspección de Trabajo, que está sancionando en los últimos meses a muchas empresas por haberse deducido estas cuotas, algo que nunca había pasado en un sistema que es habitual desde el año 2004, denunciaron en un comunicado conjunto CEOE y Cepyme.
También fue el ministerio liderado por Yolanda Díaz el que introdujo una disposición adicional con cambios en el despido colectivo en el real decreto con el que desarrolló el funcionamiento de los nuevos mecanismos RED de flexibilidad y estabilización del Empleo. A raíz de esta nueva norma, las empresas que pretendan proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo están obligadas, cuando ello suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de cincuenta o más personas trabajadoras, a notificar esta decisión a la autoridad laboral competente por razón del territorio y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo.
Esta notificación tendrá que realizarse a través de medios electrónicos y con una antelación mínima de seis meses previos a la comunicación de la apertura del periodo de consultas dirigida por el empresario a los representantes legales de los trabajadores. «En el caso en que no sea posible observar esa antelación mínima, deberá realizarse la notificación tan pronto como lo fuese y justificando las razones por las que no se pudo respetar el plazo establecido», establece el real decreto.
El cambio también fija que se remita copia de esta notificación a las organizaciones sindicales más representativas y a las representativas del sector al que pertenezca la empresa.
La CEOE también alzó este miércoles la voz para que se mantenga el sistema de bonificaciones a la formación obligatoria, que se ha venido aplicando en España a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo y que puede ser tanto transversal (por ejemplo, prevención de riesgos laborales) como sectorial (por ejemplo, manipulación de alimentos). Desde el año 2004 hasta hace poco las empresas se estaban deduciendo la formación obligatoria de sus trabajadores sin ningún problema.