El Gobierno fía a los fondos europeos el escudo contra el frenazo económico

Un auténtico balón de oxígeno para el Gobierno de Pedro Sánchez. Así es como podría definirse la decisión de la Comisión Europea de aprobar la nueva versión del Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos.

Un programa que permitirá a España percibir hasta 93.500 millones de euros adicionales de financiación, entre préstamos en condiciones favorables y nuevas transferencias directas. «El plan tiene potencial para aumentar el nivel del PIB de España entre un 2,7% y un 3,5% de aquí a 2025», indica Bruselas en su visto bueno al programa.

Y eso sin contar con el impacto de las reformas estructurales comprometidas. «La adenda nos permite adaptar el Plan a las necesidades de la economía y de las empresas al nuevo entorno», reconocen fuentes del Ejecutivo, que se ha visto obligado a modificar 69 hitos y objetivos e incluso a renegociar el calendario de pagos ante la evidencia de que el proyecto inicial —especialmente en lo referido a las inversiones— se ha topado de lleno con un escenario completamente distinto tras la guerra en Ucrania, la crisis energética, una inflación desbocada y la escalada de los tipos de interés.

«Todos los cambios han tenido que ser muy justificados. El nivel de exigencia de la Comisión ha sido elevadísimo», aseguran fuentes del Gobierno, que tiene en estos recursos su mayor escudo ante la desaceleración que ya está haciendo estragos en otras grandes economías europeas.

A falta de posibles cambios en el nuevo cuadro macro que el Ejecutivo debe enviar a Bruselas antes del 15 de octubre dentro del Plan Presupuestario, la estimación es que la economía crezca este año un 2,1% y otro 2,4% en 2024. El PIB se moderaría al 1,8% ya en 2025 y al 1,7% en 2026. Pero los datos tienen truco, porque prácticamente todo el impulso llega de los fondos europeos.

Las previsiones de la Airef y del Banco de España apuntan, de hecho, a que estos recursos tendrán un impacto medio anual de entre 1,15 puntos y 1,75 puntos sobre el PIB español. «Estimamos un crecimiento del 2,3% para este año, del que seis décimas corresponden a los fondos» añade Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas. Pero, cuidado, «del desembolso europeo a lo que llega a la economía real es distinto», indica.

En el mismo sentido se manifiesta Cristina Herrero, presidenta de la Airef. La institución ha mantenido estos días reuniones con los consejeros de las comunidades para evaluar el ritmo de ejecución. «Percibimos que no se va tan mal, pero sí hay más dudas sobre el efecto transformador que se necesita para que los proyectos tengan verdadera incidencia en el crecimiento», advierte.

Fuentes de una consultora nacional también señalan que el hecho de que el nuevo Plan se haya modificado podría tener implicaciones en las previsiones económicas. «El gasto tiene su impacto en el PIB, así que lo lógico es que, si se retrasa la inversión, se retrasa también ese impacto en la actividad».

Por eso, Raymond Torres considera que «elegir bien el momento en el que se gasta es crucial, sobre todo en un entorno de altos tipos de interés y en el que estos fondos también requieren de un complemento de inversión privada. «Incluso con las transferencias, lo más importante es si las inversiones sirven o no para mejorar la productividad... y en eso es fundamental la selección de los proyectos». El problema es que, hoy por hoy, resulta imposible anticipar si gracias a estos recursos, España logrará, por ejemplo, convertirse en una auténtica potencia del vehículo eléctrico.

Objetivos ambiciosos que requieren de una ejecución medida al milímetro. Todo en un contexto en el que los desembolsos coincidirán con el regreso de las reglas fiscales en Europa en 2024 y que, aunque de una forma mucho más flexible, restablecerán los límites del 3% para el déficit y del 60% para la deuda pública. «Los próximos pasos deberían centrarse en la aprobación de Presupuestos, el perfeccionamiento de los sistemas de control y la construcción de un clima de consenso que permita adaptar las relaciones interadministrativas para mejorar la ejecución del plan», indica Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG.