La reforma retrasa cinco meses las jubilaciones

La reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luis Escrivá está ya dando sus frutos. Uno de sus grandes objetivos era retrasar la edad de jubilación, no la legal -que esa se mantiene-, sino la efectiva, para así contener el gasto en pensiones, que se ha disparado y provocado un gran agujero en las cuentas de la Seguridad Social. Y lo está consiguiendo en un tiempo récord.

Así, cada vez menos personas se jubilan antes de tiempo, las que lo hacen retrasan además unos meses su salida del mercado laboral y, además, los ciudadanos que optan por retirarse más tarde de lo que pueden se están disparando. Estos tres factores están provocando un alargamiento significativo de la edad efectiva de jubilación, hasta el punto de que por primera vez en la historia se sitúa en los 65 años, con lo que empieza a converger con la edad legal.

Concretamente, la reforma de las pensiones ha conseguido ya retrasar cinco meses la edad media de jubilación de las personas que la solicitan de forma anticipada. Así, ha aumentado en los dos últimos años de 63,5 a 63,9 años, según los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad Social. Es más, el número de trabajadores que se jubilan voluntariamente en cuanto pueden, es decir, dos años antes de su edad legal siempre y cuando hayan cotizado el tiempo necesario, se ha reducido a la mitad en apenas dos ejercicios. En la actualidad, ya solo el 17,7% abandona el empleo 24 meses antes de lo que marca la ley, frente al 46% que se registraba en 2021 y el 26% en 2022.

Es decir, si hace apenas dos años la gran mayoría de las jubilaciones anticipadas se producían en el mismo momento en el que la ley se lo permitía, pese a los recortes que eso implicaba, hasta el punto de que copaban la mitad de las prejubilaciones, ahora ya son minoría, menos del 18%, aunque aún a día de hoy seis de cada diez retiros anticipados se realizan con más de un año de antelación.

Esto, sin lugar a dudas, es consecuencia de los nuevos coeficientes reductores que entraron en vigor en enero de 2022 y que penalizan más de lo que ya lo hacían las jubilaciones entre 24 y 23 meses antes de tiempo, salvo para aquellos que tengan 44 años y seis meses cotizados.

El recorte puede llegar a suponer una pensión un 21% más baja si se deja de trabajar dos años antes de la edad legal, mientras que antes de esta norma esta reducción oscilaba entre un 13% y un 16% y además se aplicaba sobre la base reguladora, no sobre la cuantía de la prestación.

Cheque de hasta 12.000 euros

Sin embargo, si los trabajadores esperan solo tres meses para jubilarse, su pensión no sólo se mantiene, sino que en la mayoría de los casos se incrementa respecto a la que cobrarían antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Así, el nuevo modelo de coeficientes reductores incrementa la pensión de todos aquellos trabajadores que adelantan la jubilación entre 22 y 7 meses.

Esta medida ha conseguido, por tanto, ya no solo retrasar con fuerza la edad media de esta modalidad de jubilación, sino también reducirlas.

Si en 2016 se acercaron peligrosamente hasta suponer casi la mitad del total de jubilados (concretamente el 44,5%), en 2023 representan el 35,2%, cuatro puntos porcentuales menos respecto a 2021, antes de la nueva norma.

Además, en la otra cara de la moneda, el porcentaje de trabajadores que sobrepasa la edad legal se ha incrementado un 50% tras la aprobación de la reforma e incluso prácticamente se ha duplica en los últimos seis años al pasar de un 4,3% del total de altas en 2017 a un 8,3% en los primeros ocho meses del año.

Este récord se ha logrado tras mejorar los incentivos y poder cobrar además un cheque al contado de hasta 12.000 euros por cada año de retraso, o bien combinar ambas fórmulas.

Como consecuencia del impacto de estos premios, la tasa de ocupación de los mayores de 65 años pasará desde el 18,4% hasta el 27,8%, mientras que la de mayores de 55 años se incrementaría desde el 43,8% hasta el 48,9% en 2050, según las proyecciones enviadas por Escrivá a Bruselas.