El Estado quiere entrar en Telefónica para contrarrestar el control saudí
La Sepi «explora» esta vía junto a inversores nacionales para garantizar la «españolidad»
Telefónica vive un momento decisivo sobre su futuro. EFE
Dos décadas después de quedar completamente privatizada, Telefónica puede volver a tener una participación del Estado en su capital si sale adelante la intención que ya ha mostrado oficialmente el Gobierno para adquirir un paquete de acciones con el que pueda ejercer un contrapeso al poder que tiene el grupo saudí STC tras adquirir un 9,9% a principios de septiembre. Y lo hace, según apuntan fuentes del Ejecutivo, para «mantener la españolidad» de una empresa que es estratégica desde el punto de vista geoeconómico por los negocios sensibles en tecnología o defensa de los que dispone.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), una especie de brazo inversor del Estado en el que se aglutinan las propiedades estatales en diferentes tipos de corporaciones tanto públicas como privadas, confirmó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está valorando comprar una participación en Telefónica. La sociedad, dependiente del Ministerio de Hacienda, asegura que viene «monitorizando» la situación de la operadora española y que está llevando a cabo un «análisis exploratorio interno» relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en Telefónica.
En cualquier caso, no hay nada cerrado y el comunicado no aclara qué tipo de participación tendrá, en qué condiciones y si hay más socios incluidos en esta operación. «Dicho análisis por parte de Sepi no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición», concluye el comunicado, en el que no especifica el porcentaje que valora adquirir. La acción de oro Hasta ahora, los principales propietarios de Telefónica son BBVA (con un 4,9%), CaixaBank (3,5%) y la firma BlackRock (4,5%). Si el Estado entra de nuevo en Telefónica (su salida definitiva se materializó en 1999 con el Gobierno de José María Aznar en un proceso de privatización que comenzó a principios de los 90 con Felipe González), puede hacerlo con la ‘acción de oro’. Se trata de un derecho de veto sobre cualquier acción ordinaria, de tal modo que puede anular sus derechos políticos. De hecho, el Estado cuenta con esta posibilidad en compañías, como Indra, Redeia, Hispasat o Enagás.
El anuncio llegó apenas 24 horas después de que Telefónica se disparase en Bolsa este lunes (cerró con un alza superior al 1% aunque en algunos momentos de la sesión llegó a repuntar casi un 3%) después de que una información periodística apuntara a la posibilidad de que se estuviera planteando la posibilidad conformar una participación de hasta el 5% en el accionariado junto a otros inversores españoles a los que habría tanteado para realizar este asalto público.
Si fuera así, el Gobierno estaría obligado a movilizar unos 1.000 millones de euros para hacerse con ese porcentaje del paquete accionarial, según la capitalización bursátil de Telefónica este martes. Los títulos de la operadora volvieron a subir ayer a un ritmo cercano al 1%.
El movimiento llega dos meses después de que el grupo saudí STC desembarcara en Telefónica con una adquisición del 9,9% del capital, el máximo que le permite la ley para no tener que lanzar una OPA sobre la compañía. Tras conocer el hecho relevante de este martes remitido por la Sepi a la CNMV, desde STC no realizan ninguna declaración al respecto.
El grupo saudí sigue pendiente de completar el proceso por el que el Ministerio de Defensa, y después el Consejo de Ministros, debe pedir una autorización especial para entrar en Telefónica al tratarse de una empresa con intereses nacionales en materia de defensa y tecnología, con numerosos contratos sensibles con empresas de estos sectores claves para mantener la estabilidad estratégica del país.
Por su parte, BBVA no tiene intención de incrementar su poder en la compañía española. Durante la presentación de resultados trimestrales del banco, el consejero delegado de la entidad, Onur Genç, indicó que esa cuota «es una participación financiera».