Competencia dilata el encargo de vigilar si los clientes han pagado de más
Una de las derivadas del impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas cuando el Gobierno lo puso en vigor apuntaba a la repercusión que este tributo iba a tener en el consumidor final. En los clientes de estas empresas, que verían incrementados los precios de sus productos (hipotecas más caras y tarifas de la luz más elevadas, por ejemplo) al tener que asumir las compañías un gravamen inesperado.
Tal fue la espiral de críticas, y amenazas veladas, que provocó que el propio Ministerio de Hacienda incluyera algunos artículos en la ley para evitar este traspaso indirecto de costes a los usuarios: «El importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica, directa o indirecta», indicaba el texto. Y añadía: «Tendrá la consideración de infracción muy grave el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido. Esta infracción no tendrá carácter tributario y estará sometida al régimen administrativo sancionador general».
Hasta ahí, la responsabilidad del Ejecutivo. Porque lo que hizo el Gobierno fue encomendar esta labor de vigilancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo presidido por Cani Fernández es el encargado de comprobar el cumplimiento de esa obligación que tienen las entidades financieras y las compañías energéticas para no trasladar costes impositivos a sus clientes.
Pero hasta ahora nada se sabe de estos trabajos. Fuentes de Competencia aclaran que «se han iniciado actuaciones para verificar el cumplimiento de la obligación». Y que al tratarse de un proceso de nueva creación no pueden ofrecer estimaciones de plazos sobre una posible resolución.
Una labor titánica
A la espera de las conclusiones finales de ese complejo trabajo, desde el primer momento la CNMC tuvo dificultades para discernir si las compañías trasladaban el coste del tributo a los usuarios. Así lo entendió Fedea en un estudio elaborado por la organización en el que indicaba que las atribuciones otorgadas a Competencia para ejercer esta vigilancia tenían un «difícil encaje» con sus funciones habituales como garante de la competencia en los mercados. Fedea explicaba que estas nuevas competencias colisionan con la defensa de la libertad de fijación de precios de las empresas.
Es la CNMC, junto con la colaboración del Banco de España, la encargada de elaborar una fórmula que determine cómo identificar esa práctica y después vigilar para que no se realice.
La organización Asufin ya advirtió también en su momento que será difícil detectar si la banca subirá los precios por las circunstancias del mercado o debido al nuevo impuesto.