El Gobierno recibe el aval del TC al impuesto a las grandes fortunas
La sentencia que rechaza el recurso de Madrid se aprueba con el voto a favor de siete jueces
El mercado inmobiliario ha caído en picado. JESÚS F. SALVADORES
El Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas, introducido por el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2022 y que grava los patrimonios superiores a tres millones de euros, al rechazar el recurso presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los magistrados han aprobado la ponencia redactada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que ha salido adelante por siete votos a favor y cuatro en contra (los de los magistrados Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel).
El recurso de impugnación presentado por el Gobierno de Díaz-Ayuso argumentaba que el impuesto a las grandes fortunas vulneraba los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.
La sentencia aprobada sostiene que la creación de dicho gravamen no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal y subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
La sentencia recuerda que el nuevo tributo es complementario del Impuesto de Patrimonio (de titularidad estatal pero cedido a las comunidades autónomas) y no afecta ni interfiere en las competencias autonómicas sobre Patrimonio. «La queja real de la Comunidad de Madrid», dice la sentencia del Constitucional, «es que sus residentes con un patrimonio superior a tres millones de euros tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio».
El tribunal rechaza también que el impuesto sea confiscatorio, como alegaba la Comunidad de Madrid, y subraya que el tipo efectivo del impuesto sobre las grandes fortunas está por debajo del 0,5% del valor del patrimonio gravado, «por lo que no es desproporcionado».
Con el pronunciamiento del Constitucional, el Gobierno en funciones se consideró reforzado en su «política fiscal justa». «Es una decisión importante que adoptó el Gobierno en aras a lo que creemos es una fiscalidad que ha de ser justa», afirmó la portavoz del Ejecutivo en funciones y ministra de política territorial, Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Tras el rechazo del tribunal a su recurso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que tramitará de urgencia una nueva ley para que la recaudación del impuesto a las grandes fortunas «quede en manos del contribuyente madrileño». «Evidentemente no vamos a quedarnos parados», subrayó tras criticar que «le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad».
El Impuesto sobre las Grandes Fortunas fue aprobado en 2022 mediante una enmienda en la proposición de ley para introducir el impuesto extraordinario a los beneficios de la banca y las empresas energéticas con el objetivo de cubrir el coste de las ayudas por la guerra de Ucrania y la crisis energética. Aunque se trataba en su inicio de un impuesto temporal la ministra ha avanzado la intención de hacerlo permanente si logran la investidura.