Diez millones de hogares, pendientes del futuro de las ayudas a luz y el gas

El próximo 31 de diciembre sabremos si el Gobierno ha optado por prorrogar las medidas en vigor para combatir el impacto de la inflación, modifica algunas o las anula por completo. Y esa decisión, que depende del Ejecutivo, también condicionará los cálculos de los más de diez millones de hogares (puntos de suministro) que se encuentran acogidos a las tarifas reguladas de electricidad y gas natural. Se trata de las modalidades más protegidas por los paquetes de apoyo puestos en marcha por Moncloa desde el inicio de la guerra en Ucrania, en marzo de 2022. En el caso del gas natural, 1,5 millones de usuarios acogidos a la tarifa TUR, y en la electricidad, unos 8,5 millones que disponen de una modalidad regulada.

Desde entonces, cualquier modificación de esas medidas en vigor condicionará la tarifa más óptima que deberían elegir. Si el IVA de la luz vuelve a sus tipos habituales (el 21% frente al 5% reducido en el que se encuentra en estos momentos de forma excepcional); si el impuesto eléctrico también lo hace (del 0,5% actual al 5,1% ordinario); y si se repliegan el resto de medidas vinculadas al bono social (con descuentos de hasta el 80% para las familias vulnerables), el recibo puede subir hasta un 25%, de golpe, a partir del 1 de enero.

Los titulares de contratos eléctricos disponen de un amplio abanico de opciones en el mercado libre con los precios en vigor en estos momentos. Las ofertas más competitivas que se encuentran disponibles en estos momentos se sitúan alrededor de los 0,12 euros/kwh, dependiendo de las condiciones de cada modalidad, según el comparador de precios de la Comisión Nacional de Competencia (CNMC). La tarifa regulada del último mes, según los cálculos de Competencia, ha aplicado una tarifa media de 0,13 euros/kwh. Lo ha hecho gracias al desplome de costes energéticos de la última semana por la aportación realizada por las centrales eólicas e hidroeléctricas tras los sucesivos temporales que han atravesado la Península.

Comunidades en alerta

Por su parte, las dudas en torno al gas natural proceden de la posible ampliación de la tarifa regulada (TUR). Una modalidad que se encuentra fuertemente protegida por la legislación desde el mes de octubre del año pasado. En aquel momento, el Gobierno decidió prorrogar la limitación de las subidas de esta tarifa gasista. Desde noviembre de 2021, las subidas de la TUR se encontraban limitadas en el entorno del 5% en cada revisión trimestral, a pesar de que el alza del precio del gas habría provocado en realidad un incremento de esa tarifa de hasta el 30%, en alguno de los peores momentos de la crisis energética y de precios. Por eso el Ejecutivo acordó ahora prorrogar ese tope a la tarifa regulada del gas y, al mismo tiempo, habilitó una nueva modalidad (la TUR 4) a la que podían acogerse las comunidades de vecinos con caldera comunitaria, un colectivo que no podía contratarla al tener un consumo elevado de gas. Todo ese sistema finaliza, según la ley actual, el próximo Fin de Año.

Si esa TUR vecinal no es prorrogada, las comunidades deberán dejar la tarifa regulada y acudir al mercado liberalizado, lo que puede agravar la economía de miles de hogares de cara al invierno. Los edificios con tarifa regulada de gas están pagando 4,5 céntimos el kilovatio por hora, cuando en el mercado libre está a 7,5 céntimos, si no sube. Son cifras similares de las que disponen los usuarios particulares en el mercado. La mejor oferta de gas libre asciende a unos 7 céntimos de euro/kwh frente a la regulada por la que se paga entre 4 y 5 euros/kwh dependiendo del consumo realizado. Cambios constantes Entre todos los consumidores con este tipo de tarifas suman más de 10 millones de suministros, casi una tercera parte del total. Aunque al resto de usuarios -los que siguen en los mercados libres- también les afectaría el fin de medidas como los impuestos energéticos rebajados. En el último año se ha registrado una clara divergencia entre los mercados de la luz y del gas. Mientras que en el primer caso la mayor parte de los cambios de tarifa han optado por salir de la regulada y pasarse a una libre, en el sector del gas, las modificaciones se han realizado precisamente para acogerse a la tarifa regulada, según la CNMC.

En estos momentos hay ocho millones de contratos de gas natural. De todos ellos, casi 1,6 millones corresponden a la tarifa bonificada TUR, frente a 6,4 millones de puntos que tienen contratada una modalidad del mercado libre. Solo en el último trimestre del año pasado, en plena crisis energética de precios se pasaron a la TUR unos 442.000 clientes. Algo distinto ocurre con la electricidad. El goteo de clientes hacia el mercado libre es constante. De los 28,1 millones de puntos de suministro, unos 8,5 millones corresponden a la regulada, pero casi 20 millones han optado ya por alguna de las decenas de tarifas libres que se comercializan.

El cambio de una modalidad a otra, tanto en el caso del gas como de la luz, es completamente gratuito y no puede ser obstaculizado por la empresa comercializadora bajo ninguna excusa o alegando imposibilidad para realizarlo.