Las patatas calientes del Gobierno: pensiones, inflación y salario mínimo
El nuevo Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez tiene encima de la mesa varias cuestiones que debe abordar antes de que acabe el mes —la revalorización de las pensiones—, el año —el salario mínimo y el plan de medidas para combatir la inflación— o apenas un trimestre, con la elaboración de los Presupuestos para 2024.
Más allá de cuestiones meramente políticas, como la amnistía, el Gobierno debe decidir qué hara con el plan de choque para mitigar la inflación. Sánchez ya anunció en su discurso de investidura que prorrogará la rebaja del IVA de los alimentos hasta el mes de junio, y el transporte público gratuito permanente a jóvenes y parados.
En cualquier caso, Sánchez no aclaró qué hará el Ejecutivo con otras muchas medidas incluidas en el último decreto de mediados de año y que incluyen ayudas a los transportistas para sufragar el gasóleo por el alza de los combustibles; la rebaja del IVA de la luz y el gas al 5% (frente al tipo ordinario del 21%), la del impuesto especial eléctrico al 0,5% (frente al 5,1% habitual) o el gravamen de generación energética, entre otros. También deberá decidir si prorroga el tope de las subidas de los alquileres. Por otra parte, antes de que termine este ejercicio, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar la nueva subida de las pensiones para el año 2024. Pero en realidad aquí no hay nada que decidir de forma aleatoria: tan solo se trata de dar luz verde a un nuevo real decreto que recoja la revalorización que estableció por ley la reforma de las pensiones y que las vincula a la inflación media de los últimos doce meses. A falta de conocer el dato del IPC de diciembre, las pensiones se elevarán en torno a un 4%, lo que implica unos 48 euros más al mes de media (670 euros extra al año), que se eleva a 55 euros mensuales para los jubilados (770 euros más el próximo año).
Más quebraderos de cabeza le dará previsiblemente la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024. Ahí ya sí tienen la potestad para decidir la cuantía que quiera Moncloa. Aunque la intención mostrada por la vicepresidenta Yolanda Díaz será lograr un acuerdo con los agentes sociales. Y es más que improbable que consiga el respaldo de los empresarios, que ya se han mostrado contrarios a elevar costes laborales.