Garamendi sorprende con una subida superior a la de los funcionarios
La CEOE propone elevar el SMI a 1.112 euros en 2024 y a 1.145 euros en 2025
La negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año sufrió este miércoles un giro inesperado cuando ni siquiera había comenzado oficialmente. El Gobierno se vio sorprendido, precisamente cuando mantenía la primera reunión de su Consejo de Ministros, con una oferta por parte de los empresarios para elevar la remuneración más baja en España hasta un 8% durante los dos próximos años, un alza bastante superior a la de los funcionarios, que llega, contra todo pronóstico, cuando las relaciones entre La Moncloa y la patronal están más que tensas, prácticamente rotas.
La oferta que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lanzó a Yolanda Díaz es un incremento del 3% tanto para 2024 como para 2025, lo que supondría una subida de 32,4 euros al mes desde enero que lo elevaría a 1.112 euros mensuales el año que viene (15.573 euros anuales) y hasta los 1.145,77 euros en 2025 (16.040 euros al año), 65,77 euros más que los actuales 1.080 euros, según precisaron CEOE y Cepyme en un comunicado conjunto enviado este miércoles tras celebrar una junta directiva.
Se trata del mismo incremento que la patronal y los sindicatos pactaron el pasado mes de mayo en ese acuerdo de negociación colectiva (AENC) que marca la hoja de ruta para los salarios de más de diez millones de trabajadores cubiertos por un convenio.
Pero cabría incluso la posibilidad de que el salario mínimo aumentara aún más: hasta los 1.123 euros en 2024 y a 1.168 euros en 2025. Porque los empresarios también están dispuestos a llevar a cabo una subida adicional de hasta un 1% cada año de forma retroactiva en caso de que la inflación sea superior a ese 3%; es decir, en este acuerdo se incluiría la misma cláusula de garantía salarial que pactaron para los convenios colectivos. «Las organizaciones empresariales consideran adecuada esta propuesta para tratar de mantener una correlación entre la evolución del SMI y la del resto de salarios que se pactan en el marco de la negociación colectiva», señaló la patronal en su comunicado.
También lanzaron un dardo al Gobierno al resaltar que su propuesta de subida es mayor que la que tendrán los funcionarios el año que viene, puesto que el Ministerio de Hacienda pactó con los sindicatos un alza del 2%, un punto menos que lo que ofrecen los empresarios, y un 0,5% adicional si la inflación era superior, la mitad que la cláusula que ofrece la CEOE.
Condición «sine qua non»
Garamendi toma así la delantera a Díaz después de que esta anunciara que será una de las primeras medidas que llevará a cabo el nuevo Gobierno.
De esta manera, el empresario vasco busca dar un golpe de efecto para acallar las críticas que parten del propio Ejecutivo que les tachan de inmovilistas y de no querer subir salarios, así como imponer unos límites a la senda por la que creen que debe transitar un alza que beneficiaría a más de 2,5 millones de trabajadores, los más vulnerables. Sin embargo, la patronal pone una «condición sine qua non» para que el salario mínimo siga creciendo los dos próximos años: que el Ejecutivo acceda a revisar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación pública, para que las empresas puedan repercutir estos incrementos en los contratos en ejecución.
Se trata de una vieja reivindicación, ya no solo por parte de la CEOE, sino también de los sindicatos, y, de hecho, está recogida también en el AENC. Asimismo, la CEOE exige, una vez más -aunque en este caso no es una condición ineludible-, que se establezca un régimen de deducciones aplicables al sector agrario —uno de los sectores sobre el que más impacta la subida del SMI— con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos ya vigentes.
La negociación entre el Diálogo Social, en todo caso, se prevé complicada, puesto que UGT ya ha abogado por un SMI de 1.200 euros el año que viene. La petición de CC OO se conocerá este jueves y habrá que esperar también a que se pronuncie la comisión de expertos.