Las constructoras piden instalar peajes para generar hasta 5.000 millones al año

El debate sobre la implantación del pago por uso en las carreteras españolas se zanjó con motivo de las elecciones generales, pero desde la patronal de la construcción (Seopan) quieren reabrirlo porque España «es un mundo aparte» en los modelos de financiación de las carreteras de toda Europa. El presidente de Seopan, Julián Núñez, explicó que el gasto público en conservación de las autovías está en torno a 2.000 millones al año, totalmente «insuficiente», frente a unas necesidades del doble, unos 4.100 millones al año.

Núñez reconoció que implementar este modelo requeriría una inversión pública inicial de 1.000 millones para seguridad, tecnología o mejoras de sostenibilidad, pero su análisis fiscal indica que el Estado recuperaría de 3.000 a 5.000 millones al año, tanto por ingresos por las tarifas como por la reducción de gasto público. «El debate hay que reabrirlo porque hay que afrontar un gran déficit», dijo Núñez, que invitó a los grandes partidos a «comprometerse» porque esto es un «tema de Estado».

Sin embargo, el presidente de la patronal de la construcción reconoció que este es un tema «sensible» para todos los partidos pero no quieren ser los primeros en posicionarse. «Los dos grandes partidos lo han estudiado en su momento, hay que analizar cuál es el modelo necesario», dijo Núñez, pero aseguró que ve «muy difícil» el acuerdo en la coyuntura política actual. Recordó que Portugal tiene un modelo con el 100% de las carreteras de pago y Francia, el 85%. Además, destacó que no hay igualdad de condiciones entre los distintos modos de transporte porque el tren y el avión tienen tasas incorporadas al precio del billete para la sostenibilidad de la infraestructura que la carretera no está soportando.

Con respecto a los planes «ambiciosos» del Gobierno en materia de vivienda, Seopan consideró «muy factible y positivo» el objetivo de 43.000 viviendas de alquiler social y calcula que podría estar listo en un plazo máximo de dos años, es decir, para finales de 2026. Sin embargo, para la meta de las 185.000 viviendas nuevas requerirá «más tiempo, unos ocho años». Además, Núñez descartó que estemos viviendo una burbuja inmobiliaria en España, y apuntó a que «precisamente lo que falta es vivienda».

También se refirió a la prohibición de los vuelos cortos planteada por el Ejecutivo y Núñez indicó que se necesitaría una inversión pública cifrada en unos 1.400 millones de euros para llevar adelante esta medida. Inversión que iría destinada sobre todo a conectar mejor las estaciones de trenes de alta velocidad con los aeropuertos.