El Gobierno complica la situación financiera de las comunidades

El Gobierno renuncia a presentar el proyecto de Presupuestos del Estado para este año, su principal herramienta de política económica y de reacción ante lo que pueda ocurrir, y esta decisión va a dejar damnificados. «Un Presupuesto prorrogado no creo que sea suficiente si pasa algo, si hubiera una nueva recesión o se agudizara la guerra de Ucrania», advierte Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. «Aunque se podría utilizar un decreto ley con medidas de urgencia, no tener Presupuestos da poco margen», indica Torres.

No será la primera vez que se prorroguen los Presupuestos del Estado. Ya se ha hecho en ocho ocasiones. «No es un drama», señala José Emilio Boscá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia, «se pueden hacer reales decretos leyes, a los que últimamente estamos muy acostumbrados, para aprobar medidas si el Parlamento las apoya». «Pero no tener Presupuestos es «renunciar a hacer política fiscal», subraya Boscá. Y la renuncia a presentar nuevas cuentas públicas evidencia la dificultad previsible que va a tener el Ejecutivo para sacar otras normas adelante.

Las comunidades autónomas van a ser de las que más van a notar la falta de Presupuestos en 2024. La incertidumbre se cierne sobre las transferencias de competencias acordadas que necesitan una dotación presupuestaria, incluso en las propias transferencias financieras aunque el Ministerio de Hacienda ha asegurado que actualizará las entregas a cuenta a lo largo del año.

Y queda por resolver también, aunque no sea una medida incluida en Presupuestos, la condonación de deuda que acordó el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y que luego hizo extensiva al resto de autonomías. Como cierre, cada vez se ve más lejos la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva años de retraso y que, ante la inestabilidad política, no parece que vaya a resolverse tampoco en esta legislatura.

Un elemento central que marcan los Presupuestos es la consolidación fiscal. El déficit público del 3% que ambicionaba el Gobierno este año -desde el 3,9% del PIB del año pasado-, queda en el aire. A favor está el incremento de la recaudación y que el techo de gasto será 16.150 millones de euros inferior al previsto: 173.065 millones de euros sin incluir los fondos europeos. Esto podría hacer pensar que al gastar menos se conseguirá más fácilmente la reducción del déficit. Pero hay determinados gastos que no se contendrán: por ejemplo, las pensiones, cuya actualización con la inflación está fijada por ley y que subirán un 3,8% de media este año.

Antes del anuncio de la prórroga presupuestaria, organismos como la Airef ya avisaban de que habría que tomar medidas para reducir el déficit y ahora bajar al 3% no parece probable. El Banco de España calcula que se acabará el año en el 3,5% y el Panel de Funcas mantiene su previsión en el 3,6%.

El límite de la deuda que establece cada año la ley de Presupuestos se modifica automáticamente con las necesidades derivadas del déficit, pero no tener Presupuestos complica elevar el endeudamiento de la SEPI para hacerse con el 10% de Telefónica. Y no se puede hacer a través de la Sociedad de Transformación Tecnológica creada por el ministro Escrivá y que se va a nutrir de los fondos europeos.

No se puede pagar la compra de acciones de una empresa cotizada con los fondos NextGen, ese destino no está en ninguna parte del PRTR ni de la Adenda, como explica Paloma Baena, directora senior de Asuntos Europeos en LLYC.

Los fondos del Perte Chip son para empresas de semiconductores, podría ser que la empresa digital que ha creado el Gobierno entrara en alguna filial de Telefónica para hacer chips, pero el dinero no se puede desviar a comprar una matriz que se dedica sobre todo a las telecomunicaciones con fines comerciales.