El Gobierno aprueba crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
El ministro de economía, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. ZIPI ARAGÓN
Con varios años de retraso y, sobre todo, con fuertes reticencias dentro del sector e incluso de los supervisores, el consejo de ministros aprobó el martes el proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Una figura que en 2023 quedó en el limbo tras la convocatoria del adelanto electoral y que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, calificó ayer como la «clave de bóveda» para la protección de los afectados por malas prácticas bancarias, que en los últimos años han llenado los tribunales de reclamaciones y litigios contra el sector. Para hacerse una idea, solo el Banco de España resolvió 34.146 reclamaciones en 2022 -últimos datos disponibles- de clientes insatisfechos con la gestión de sus entidades. La cifra apenas supuso un descenso del 0,5% respecto al año anterior.
Y dentro de ese total, hay datos alarmantes como la fuerte subida de las quejas por las comisiones de mantenimiento de las cuentas corrientes, que se dispararon más de un 62%. La misión de la nueva autoridad que ahora se remite a las Cortes y que el Ejecutivo espera poner en marcha antes de final de año será mediar y resolver en este tipo de conflictos aunando los servicios de reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
«Los clientes podrán presentar sus reclamaciones de forma gratuita y habrá una resolución en un plazo máximo de 90 días», recordó Cuerpo en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. El organismo no solo tendrá competencia sobre bancos y aseguradoras. También sobre segmentos que hasta ahora no estaban cubiertos, como algunas fintech o firmas de inversión en criptoactivos.
No obstante, la mayor novedad que aporta esta figura es que sus resoluciones serán de obligado cumplimiento por parte de las entidades.
Eso sí, solo cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. A pesar del límite, esto no sucedía hasta ahora con los supervisores sectoriales.