El Banco de España alerta del efecto negativo en el empleo del despido a la carta
Advierte del problema de la reasignación por la digitalización
El gobernador del Banco de España. ALBERTO MORANTE
El Banco de España se suma a las voces que abogan por reformar el despido en España. Sin embargo, va en una dirección totalmente contraria a la que marca Europa en esa resolución en la que, aunque aún no se ha hecho pública, dictamina que la regulación actual es contraria a la Carta Social Europea e insta al Gobierno a elevar la indemnización que se paga a los trabajadores para adecuarla al daño que se ha hecho en función de sus circunstancias personales y para disuadir a las empresas a hacerlo.
El supervisor, en su informe anual -en el que dedica un extenso espacio al mercado laboral-, carga contra esta «indemnización a la carta» que también se ha comprometido a implantar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y advierte que tendrá efectos negativos en el empleo.
A juicio de este organismo público, si España finalmente acata la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales y regula una indemnización por despido improcedente que abone una cuantía u otra en función de la situación personal de cada trabajador, lo que provocaría sería un previsible incremento de la conflictividad judicial por despidos, un aumento de la incertidumbre y un encarecimiento de los costes de dichos procesos, lo que tendría «potenciales efectos negativos sobre el empleo».
En lo que sí coincide el Banco de España con Yolanda Díaz es en que hay que reformular las causas por las que empresas puedan hacer uso de un despido objetivo, pero, una vez más, con un motivo totalmente distinto al que defiende la ministra de Trabajo. Si la líder de Sumar prometió recientemente reforzará las causas del despido objetivo para limitarlo más e impedir que una empresa pueda echar a un trabajador cuando registre una caída de sus beneficios o no alcance los niveles que había previsto, el supervisor aboga por definir mejor y clarificar estas causas por las que se permite a las empresas cesar a un empleado pero para evitar esa incertidumbre que se genera al terminar la gran mayoría en los tribunales y para no paralizar la «necesaria reasignación» de los trabajadores que va a traer los cambios tecnológicos (la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial); es decir, para permitir más flexibilidad a las empresas en un momento de cambios continuos.
A juicio de este organismo público, si España finalmente acata la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales y regula una indemnización por despido improcedente que abone una cuantía u otra en función de la situación personal de cada trabajador, lo que provocaría sería un previsible incremento de la conflictividad judicial por despidos, un aumento de la incertidumbre y un encarecimiento de los costes de dichos procesos, lo que tendría «potenciales efectos negativos sobre el empleo».
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, recalcó que se está produciendo una «reasignación muy intensa» de la actividad entre sectores y empresas como consecuencia de los cambios tecnológicos y que «se tiene que producir por motivos económicos». Se van a destruir puestos de trabajo en muchos sectores y ocupaciones y aparecerán nuevos empleos por el impacto de la inteligencia artificial o la robótica. A su juicio «deberíamos asegurarnos de que los costes de despido faciliten esa reasignación». El elevado porcentaje de despidos que los tribunales convierten en improcedentes (un 75% de los resueltos en 2023 se declararon improcedentes o nulos) muestra que «las reglas del juego no están suficientemente claras», concluyó Gavilán.
El Banco de España tampoco está de acuerdo con que el despido en España sea demasiado barato y señala, con datos y gráficos de la OCDE, que las indemnizaciones por despido procedente por causas objetivas son mayores que en otros países del entorno. Por el contrario, sí admite que el coste adicional por despido improcedente no está actualmente entre los más altos.
Asimismo, el supervisor advierte que unas elevadas indemnizaciones por despido y generosas prestaciones por desempleo estarían asociadas a un nivel de desempleo estructural alto, que en España es especialmente elevado y ronda el 12% de la población activa, el doble que la media europea. Por eso, el Banco de España ve prioritario revisar las políticas de empleo y subraya que tanto los costes de despido como las prestaciones por desempleo tienen efectos sobre la empleabilidad y la movilidad laboral. En este sentido, también propone reducir la cuantía del subsidio de paro a medida que pasen los meses y limitar su cuantía.