El Defensor del Pueblo propone que tener cajero o banco sea un servicio de interés general

El Defensor del Pueblo ha propuesto que retirar dinero en efectivo, realizar movimientos bancarios o garantizar que haya un cajero o una oficina bancaria en núcleos poco poblados sean declarados servicios económicos de interés general, planteando recomendaciones como asegurar la atención presencial a personas mayores y apoyos para personas con discapacidad.

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este jueves en las Cortes Generales el informe 'Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables", en el que analiza las situaciones que suponen riesgos de exclusión financiera para algunos colectivos, y plantea recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas y a las patronales bancarias con el objetivo de garantizar el acceso a un servicio esencial.

Entre otras recomendaciones expone como necesario asegurar atención presencial en las oficinas para personas mayores y apoyos para personas con discapacidad, así como estudiar la posibilidad de que Correos preste servicios adicionales, por cuenta de las entidades bancarias, en la España vaciada y el mundo rural.

El defensor relata que las quejas recibidas en la institución sobre este asunto en la última década ascienden a 3.475 y reflejan que "operaciones cotidianas y necesarias para el desarrollo de una vida normalizada como abrir una cuenta corriente, obtener dinero en efectivo o realizar una transferencia, se convierten a veces, para ciertos colectivos, en tarea no exenta de dificultad".

En su informe identifica que uno de los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera son las personas mayores, por las barreras que afrontan para cobrar su pensión en cheque o en metálico, las comisiones, la eliminación de los pagos por caja en oficinas, la desaparición de las libretas de ahorro, las dificultades para ser atendidas presencialmente y la reducción de servicios en algunas entidades.

Otros colectivos afectados son el de las personas extranjeras, por las dificultades para abrir y mantener cuentas bancarias; los habitantes del mundo rural y la España vacía, "por el imparable cierre de sucursales bancarias"; las personas con discapacidad, por los obstáculos arquitectónicos en las sucursales y por otros problemas vinculados a la accesibilidad universal; y los colectivos vulnerables afectados por la brecha digital.

Por eso hace 32 recomendaciones a las instituciones y a las entidades bancarias, como que "el proceso de cierre de la última sucursal o del último cajero de una población requiere de un riguroso análisis de impacto y de la proposición de alternativas para evitar que los ciudadanos queden desasistidos sin poder hacer uso de servicios bancarios".

Asimismo, recomienda crear un grupo de trabajo con Correos para ver la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias, y la posibilidad de reproducir ese modelo de agencia con otras entidades con características y niveles de implantación territorial similares.

Otra sugerencia es que el Gobierno incluya en el Plan Estatal de Educación Financiera 2022-2025, y en los planes posteriores que se aprueben, apartados y estrategias específicos dirigidos a las personas mayores, colectivos afectados por la brecha digital, por la despoblación del medio rural y a otros colectivos vulnerables.