Sabadell acelera su estrategia de defensa frente a la Opa del BBVA
El Gobierno insiste en que detendrá la operación de fusión si dañara al cliente y al sistema
Banco Sabadell está dispuesto a agotar todas las balas para entorpecer la opa hostil lanzada a sus accionistas por parte de BBVA. Fuentes cercanas al proceso apuntan a que la entidad ha puesto en marcha toda su maquinaria jurídica y de asesoría legal para escudriñar cualquier resquicio legal que permita complicar la operación. De ahí el movimiento del jueves por la noche cuando, en una acción muy poco frecuente en este tipo de procesos, el banco advirtió ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que BBVA podría estar incumpliendo la ley de opas con la información facilitada a analistas e inversores para explicar los términos de su oferta.
En concreto, Banco Sabadell acusa a BBVA de ofrecer «datos incompletos que pueden afectar al mercado». Pero tampoco detalla los puntos que solicita comprobar. Fuentes cercanas a la entidad explican, no obstante, que el objetivo es exigir al banco que aclare con qué accionistas de referencia ha mantenido contacto estos días, después de que Carlos Torres asegurase el jueves en su comparecencia ante los medios que varios inversores «de relevancia» del Sabadell ya le habían mostrado su perspectiva positiva sobre la fusión. En todo caso, la queja no ha llegado a los registros de la CNMV como una denuncia argumentada, sino como un hecho relevante. Y esto no suele suceder con este tipo de ‘protestas’. Desde la CNMV confirman que, una vez recibida, la institución analizará la queja de Sabadell, aunque fuentes del mercado aclaran que el requerimiento no impedirá que la operación siga adelante.
Reacción del Gobierno
La OPA lanzada por BBVA a Sabadell ha movilizado a todo el Gobierno y ha agitado también el debate político en los últimos días de la campaña electoral catalana, después del contundente rechazo que este jueves mostraba el Ejecutivo ante la puesta en marcha de la operación. A esa negativa se van uniendo poco a poco los ministros liderados por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, de cuyo departamento dependería la decisión final sobre la fusión una vez superada la OPA.
El ministro de Economía aclaró ayer que ya ha traslado la opinión del Gobierno sobre la OPA así como a todos los actores involucrados en la operación, incluyendo a los supervisores. Carlos Cuerpo ha vuelto a reiterar por segundo día consecutivo las principales preocupaciones que le suscita esta posible operación, que supondría un incremento de concentración bancaria, con su consiguiente «potencial efecto lesivo en materia de competencia que puede afectar negativamente a los consumidores».
También recordó que el Ejecutivo tiene la última palabra a la hora de autorizar esta fusión por absorción. «Tenemos que ir viendo cómo van sucediéndose los siguientes pasos y si la OPA finalmente se lleva a cabo, pero nosotros, en base a estos argumentos, ahora mismo tenemos una opinión de rechazo a esta OPA por parte de BBVA», remarcó ayer. Y aunque no será hasta el final del proceso cuando tenga que pronunciarse el Ministerio, con los informes de los reguladores superados, Cuerpo afirmó que tomarán su propia decisión en función de varios parámetros clave de impacto: «Puede ser un paso atrás en nuestra agenda de inclusión financiera, que es particularmente importante en el mundo rural», admitió. Además, puede llevar también a efectos negativos en términos de estabilidad financiera o de transmisión de la política monetaria. «Esto puede parecer muy abstracto, pero estamos hablando del incremento de la remuneración de los depósitos, por ejemplo», ha apuntado Cuerpo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, también advirtió ayer desde Alicante de que el Gobierno hará «lo que está en su mano» para que la OPA hostil lanzada por BBVA al Banco Sabadell no salga adelante, ya que el Ejecutivo «no es partidario» de dicha operación.
Desde el PP, su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, afirmó que su partido «respeta la libertad de las empresas», si bien ha reclamado al Gobierno central que «garantice» que con esta operación «se respetan los derechos de los accionistas, de los usuarios y de los trabajadores».
Movimientos empresariales Además, el mundo empresarial también está comenzando a movilizarse ante las posibles consecuencias de la operación.