Los economistas piden un pacto de Estado para establecer peajes en las autopistas
Un informe revela que la supresión del pago ha generado un aumento del tráfico del 30%
Lineal de cabinas de peajes en La Magdalena, donde se concentra el grueso del sistema de recaudación de la autopista de pago asturlenoness. JESÚS F. SALVADORES
Los economistas se suman al posicionamiento de los expertos de Fedea que llevan un tiempo pidiendo la instauración de peajes en las autovías y autopistas españolas. Aunque el Gobierno descartó hace meses esta posibilidad —después de haberla incluido en el Plan de Recuperación que envió a Bruselas—, son varias voces las que apuntan a la necesidad de abrir el debate para que el modelo de financiación se asemeje al del resto de países europeos. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró hace unas semanas que las carreteras «no son gratis, se pagan de una forma o de otra» y consideró que se necesitaría un «pacto de país» para este asunto.
Ese pacto de Estado es el que exigen desde el Consejo General de Economistas (CGE) que en un informe presentado con Fedea aseguran que habría que definir un «modelo de financiación equilibrado» que permita asegurar los «recursos necesarios» para nuevas inversiones y el correcto mantenimiento de la red actual. Por eso, consideran que el sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad ayudaría a financiar las externalidades medioambientales y de congestión, «acercando los costes privados a los sociales».
Los economistas recuerdan que la supresión del pago por uso en algunas vías ha generado un aumento del tráfico del 30%. Sin embargo, señalan que el diseño del sistema de precios debería tener en cuenta los impuestos que ya pagan los usuarios de los sistemas de transporte y, en particular, el impuesto sobre los combustibles.
El precio por el uso de las infraestructuras también debería tener en cuenta el menor coste en términos de accidentes que los vehículos ocasionan en las autopistas o autovías con respecto a las carreteras convencionales, explican. «Nuestra política de infraestructuras es francamente mejorable, en parte por un inadecuado diseño de la administración que la gestiona. Carecemos de un sistema de planificación integrado con una visión global y de mecanismos rigurosos de evaluación ex ante por parte de un organismo técnico independiente», denuncian desde el CGE. Los autores indican que España ha invertido «enormes cantidades de recursos» en la construcción de infraestructuras punteras «que a menudo resultan redundantes o excesivas en relación con las necesidades existentes». España es el segundo país del mundo con la red más extensa de vías para trenes alta velocidad, el tercero con más autopistas y autovías y, además, hay construidos 48 aeropuertos. Por tanto, los ingresos por peajes ayudaría al mantenimiento de las infraestructuras, cuyo deterioro es cada vez más costoso.