Los funcionarios acumulan ya cinco meses sin cobrar la subida prometida

Los funcionarios son una de las víctimas de este complejo escenario político que vive España, con un Congreso bajo una aritmética parlamentaria tan complicada, que no consigue sacar adelante leyes, y con tres procesos electorales en apenas unos meses que han paralizado prácticamente el país. La falta de Presupuestos Generales para 2024 —el Gobierno desistió de presentarlos ante la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas— les ha castigado sin la subida salarial prometida para este año. Así, los más de cinco millones de empleados públicos que hay en España (incluyendo también a los que trabajan en empresas públicas) acumulan ya más de cinco meses sin cobrar el incremento del 2% que el Ejecutivo y los sindicatos habían pactado en el acuerdo de 2021 que establecía la senda de subidas para los siguientes tres años. Y no es algo baladí, porque, de no ser así, desde enero estarían recibiendo una media de 50 euros más al mes, lo que les habría permitido ingresar unos 350 euros más de media hasta junio, contando también con la paga extra. Incluso esta cuantía es probable que siga engordando puesto que no está nada claro que este mes se aplique esta subida que parece el cuento de nunca acabar.

El Ejecutivo no tenía, en realidad, intención de dilatar tanto en el tiempo un compromiso adquirido en 2021 y ratificado después. De hecho, no le conviene, puesto que supone cinco millones de votos y le interesa tener a este colectivo satisfecho. Por eso, una vez tomó la decisión de que no habría presupuestos este año, se puso a analizar otras vías para materializar la actualización de los salarios de sus empleados públicos. Y decidió aprovechar la tramitación parlamentaria del decreto anticrisis para incluir en una enmienda esta subida del 2% y poder pagar las nuevas nóminas ya en abril o a más tardar en mayo.

Sin embargo, no imaginó que esta y otras enmiendas que se hicieron (más de 300) se quedarían bloqueadas en el Congreso y, tres meses después, ni siquiera tengan fecha para aprobarse. Es más, alguna de ellas se han quedado desfasadas y ya no tienen sentido alguno tramitarlas, como la rebaja del aceite de oliva, que tenía una vigencia hasta el 30 de junio.

Habrá que esperar a la próxima semana, cuando el Congreso vuelva a reactivar su actividad tras la elecciones europeas, para ver si la orden de subida de los salarios de los funcionarios se incluye en algún pleno de junio o se retrasa incluso más allá. En julio todavía sería posible llevarlo a cabo, puesto que el Parlamento prevé convocar algún pleno extraordinario para sacar adelante los temas legislativos que están paralizados.

Los sindicatos llevan meses denunciando la congelación del salario de los empleados públicos y exigiendo al Gobierno una solución. Pero el Ejecutivo sostiene que eso ahora depende del Congreso. Si el decreto decayera, entonces «buscará otras vías para aprobarlo».