Los funcionarios tendrán que esperar a enero para cobrar el 0,5% adicional

Con seis meses de retraso, el Gobierno por fin aprobó la subida salarial prometida para los más de tres millones de empleados públicos (incluyendo aquí también a los que trabajan en empresas públicas).

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un real decreto ley en el que hizo efectiva la revalorización fija del 2% acordada con los sindicatos UGT y CC OO para este año pero que no había podido aplicar hasta ahora debido a la ausencia de Presupuestos y al adelanto de las elecciones catalanas, que paralizó prácticamente la actividad política.

"Mantenemos nuestro compromiso con los empleados públicos, no en vano, son el principal activo que tienen las administraciones", destacó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sin embargo, el Ejecutivo retrasa el pago del 0,5% variable que se estableció también en ese acuerdo en función de la inflación al próximo mes de enero, pese a que ya se ha cumplido con creces el objetivo de superar el 8%, aunque lo abonará el año que viene con carácter retroactivo.

Los funcionarios recibirán la actualización de sus nóminas "con carácter inmediato", lo que supondrá unos 50 euros más de media, aunque el Gobierno no puede asegurar que todos reciban este incremento ya en el mes de julio, puesto que esto ya depende del "trabajo informático" que hay que hacer para que puedan cobrarlo, aunque el instrumento legal para hacerlo ya está en marcha, según precisó a este periódico el Ministerio de la Función Pública. Sí pueden confirmar que los más de 230.000 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) podrán disfrutar ya de la nueva subida en la nómina de julio, aunque los del resto de administraciones dependerá un poco de los trámites. Lo que no recibirán en la nómina de julio es la 'paguilla' con los atrasos desde el pasado 1 de enero y que supondrá un extra de unos 350 euros de media, ya que, aunque la subida tiene carácter retroactivo, se abonará en un pago aparte. Si les da tiempo se hará a lo largo de julio, aunque el Ministerio no quiere pillarse los dedos y no lo confirma al cien por cien.

Pierden poder adquisitivo Y al menos hasta dentro de seis meses no les ingresarán el incremento variable del 0,5% que ya tienen asegurado, puesto que dependía de que la suma de la variación del IPC adelantado de 2022, 2023 y 2024 superara el aumento retributivo fijo aplicado durante dichos años (8%), y ya solo con los datos de 2022 y 2023 se sitúa en el 8,8%. Sin embargo, desde el ministerio argumentan que el INE debe certificar los datos de esta inflación armonizada, puesto que así se recoge en el acuerdo, y eso no será hasta que termine el año.

De esta forma, la subida salarial de los empleados públicos alcanzará el 9,8% durante el periodo 2022-2024 gracias al acuerdo, aunque este alza cercano al 10% no consigue paliar la paliar la pérdida de poder adquisitivo, puesto que la inflación solo durante 2022 y 2023 ya acumula un incremento del 11,9%, que se suma además a los recortes acumulados durante la crisis financiera de 2009.