Gobierno y agentes sociales bajan el tono y se dan margen para pactar la reducción de la jornada laboral

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales vuelven a verse el lunes para tratar de reconducir la negociación de la reducción de la jornada laboral, tras una semana que comenzó con crispación entre Gobierno y patronal pero que ha ido suavizándose hasta abrirse todas las partes al diálogo y a abordar una nueva propuesta de regulación.

Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT analizarán mañana una propuesta alternativa que llevará el ministerio con el objetivo de demostrar la voluntad de negociar y de arrancar a los empresarios el sí a una reducción de jornada que ya cuenta con el apoyo de los sindicatos.

Esta reducción, que forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, quiere llevar la jornada laboral máxima desde las 40 horas semanales de la actualidad, a las 38,5 horas este mismo año y las 37,5 horas el año que viene.

Aunque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado desvelar el contenido de esta nueva propuesta, estaría en línea con lo señalado esta semana por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que apuntaba a flexibilizar los plazos de aplicación o a aumentar las "bolsas de horas" en algunos sectores.

La reunión llega tras un encuentro previo para el que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, había dado a la patronal "un ultimátum" para que presentara por escrito una propuesta en la mesa de diálogo social.

Pérez Rey les acusaba de "burlarse del diálogo social" al negarse a aceptar la reducción de jornada planteada por el Gobierno, sin presentar una alternativa o realizando planteamientos "maximalistas".

En el mismo sentido, la ministra Díaz calificaba esta actitud de la patronal de "huelga de brazos caídos" y amenazaba con sacar adelante la reducción de la jornada sin el apoyo de los empresarios.

Los sindicatos se han mantenido esta semana al margen del conflicto entre el Gobierno y los empresarios, pero realizando llamamientos al diálogo, evitando el "ruido" generado en torno a la negociación y pidiendo a la patronal que plantee una alternativa porque, a partir de ahí, "seguro que la negociación es más sencilla".

La patronal se queja de que no se les escucha

Desde la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguraba que sí que estaban presentando propuestas pero que "no se les escuchaba", que no tienen margen de negociación porque la decisión ya está tomada y animaba al Gobierno a sacar adelante la norma pero sin su apoyo.

"Se nos plantean ultimátum, pues que lo hagan, es muy legítimo", decía Garamendi, al tiempo que recordaba que los empresarios no están obligados por el pacto de Gobierno a reducir la jornada.

Por su parte, el presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, mostraba el hartazgo de los empresarios ante un Gobierno "intervencionista, cortoplacista e intransigente" y aseguraba que muchas empresas le habían pedido un "paro patronal".

Posteriormente y tras varios mensajes del Gobierno abriéndose a introducir flexibilidad en la negociación, el presidente de ATA y vicepresidente también de CEOE, Lorenzo Amor, avanzaba que aún hay margen para alcanzar un acuerdo, siempre que se incorporen esas medidas alternativas.

La patronal "no está cerrada (a negociar) ni mucho menos a hablar", decía Amor, al tiempo que reclamaba medidas para paliar el impacto de la reducción de jornada sobre pymes, como las del comercio u hostelería.

Impacto económico sobre las empresas

Cepyme calcula que una reducción no negociada de jornada laboral a 37,5 horas semanales manteniendo los salarios conllevaría un impacto sobre las empresas de hasta 42.400 millones de euros, de los que 11.800 millones serían de coste directo y 30.600, de la producción perdida.

Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que reducir "forzosamente" la jornada tendrá "consecuencias colaterales no deseadas" como el uso de las horas extraordinarias o el aumento de los contratos a tiempo parcial.

El informe, que advierte de "efectos adversos" sobre la competitividad y el empleo, prevé una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas, dado que calcula que la medida afectará al 67 % de los ocupados.