España demora a 2025 la retribución del permiso parental hasta los 8 años

España va a incumplir desde este 2 de agosto la directiva europea de conciliación que obliga a retribuir al menos cuatro semanas de las ocho del permiso parental hasta los 8 años, un tema que el Gobierno de coalición abordará en la negociación de los Presupuestos, con lo que su aplicación se retrasará hasta 2025.

La directiva de conciliación europea aprobada en 2019 recoge, entre otros mínimos de permisos por nacimiento o cuidados, el derecho de cada trabajador a un permiso parental de cuatro meses antes de que el hijo cumpla 8 años.

De este permiso, dos meses no pueden ser transferidos y deben retribuirse, según especifica la directiva que daba un margen adicional hasta este mes de agosto para cumplir con esta última parte y que permite a los Estados encajar estos requerimientos en su marco legislativo, es decir, teniendo en cuenta los permisos ya existentes.

La ley de familias recogió ese derecho al permiso, pero no cómo y cuándo se iba a empezar a retribuir dejando a medias el cumplimiento de la directiva.

«La pelota está en el tejado del PSOE», dicen a EFE fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que no renuncia a que se remuneren cuanto antes esas cuatro semanas, aunque no ven que el socio de Gobierno tenga prisa por hacerlo.

Según explica a EFE el diputado de Sumar Carlos Martín Uriza, la directiva obliga a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos, 14 por nacimiento y 8 por cuidados antes de que el menor cumpla 8 años.

España cuenta actualmente con 19 semanas, 16 semanas por nacimiento y 3 semanas más por la acumulación del permiso de lactancia, un derecho que, desde el pasado mes, corresponde a todos los trabajadores y no solo a los que lo tenían en convenio. «Estrictamente faltarían por retribuir tres semanas más para cumplir con Europa, pero el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar recoge ampliar de 16 a 20 semanas el permiso de nacimiento y retribuir cuatro de las ocho semanas del permiso parental», recuerda Martín Uriza, encargado de liderar las negociaciones presupuestarias que arrancan en septiembre.

«Es una prioridad absoluta», añade el diputado de Sumar que no tiene dudas de que el PSOE cumplirá con los compromisos del acuerdo de Gobierno que recogía ese compromiso de garantizar el pago de 4 semanas, una medida cuyo coste puede rondar los 250 millones de euros por semana pagada. La multa diaria por no transponer a tiempo la directiva puede rondar los 53.600 euros, señala Carlos Martín.

El Ministerio de Hacienda no ha entrado en detalles de la negociación presupuestaria en este tema. «La ley de familias recogió ese derecho al permiso pero sin articular cómo se iba a retribuir», explica la responsable del área de derecho laboral del despacho de abogados Vento, Catarina Capeáns, que ve claro el incumplimiento y dice que es necesario un desarrollo reglamentario.