Política y empresarios dificultan la reducción de la jornada en España

Será difícil, muy difícil, que los trabajadores españoles vean cumplida la promesa del Gobierno de recortar su jornada laboral este año a un máximo de 38,5 horas. Y también será más que complicado que enero comience con una jornada legal máxima para todos los asalariados de 37,5 horas. Fue un compromiso del Gobierno de coalición, pero la firme oposición de los empresarios y la compleja situación política actual retrasará, en el mejor de los casos, esta medida que, en cambio, sí goza de un consenso unánime entre los ciudadanos.

El curso político echa de nuevo a andar y el presidente, Pedro Sánchez, reafirmó el pasado miércoles su promesa: «Vamos a seguir negociando con los sindicatos, ¿verdad, vicepresidenta?, también con la patronal, hasta reducir la jornada laboral a las 37,5 horas para que todos los españoles puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar». Y este mismo lunes se pondrán a la tarea.

El Ministerio dirigido por Yolanda Díaz vuelve a reunirse con los sindicatos y la patronal tras el parón del verano. Pero esta vez sin plazos ni fechas concretas para cerrar un acuerdo. Nadie se atreve ahora a dar ultimátums e imponer un calendario. Es más, tanto el Gobierno como los sindicatos admiten (fuera de micrófonos) que no ven probable pactarlo en el corto plazo y se darían por satisfechos con que se resolviera antes de que termine el año. «Nos gusta correr en Navidad», ironizan desde las organizaciones de los trabajadores.

Ni siquiera el Ministerio de Trabajo ha enviado un texto escrito con las propuestas lanzadas en la última reunión celebrada el pasado 30 de julio tal y como habían pedido los interlocutores sociales. El parón en agosto ha sido total. No obstante, en el encuentro de este lunes el número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, sí tiene intención de presentarles opciones más concretas para cerrar un pacto. «El Gobierno volverá a hacer propuestas en esa mesa que confiamos que nos sirvan para ofrecer ya algunos resultados y alcanzar un acuerdo cuanto antes», puntualizó, sin querer hablar de plazos, pese a que en la última reunión del 30 de julio sí habló de septiembre.

Lo que sí está ahora encima de la mesa es dar un mayor margen de tiempo para llegar a las 37,5 horas semanales más allá de 2025 a ciertos sectores, como puede ser el comercio o la hostelería (los que más se ven afectados con esta medida), o determinadas empresas, como las más pequeñas o las que tienen una concesión pública (hasta que terminen el contrato en vigor). Sin embargo, UGT se muestra contrario a estas excepciones: «No vamos a aceptar que se establezcan desigualdades entre trabajadores», advierte Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical, quien descartó que los empleados de subcontratas, que suelen ser los más precarios, vayan a tener unas condiciones distintas a los que trabajan, por ejemplo, para la Administración y se queden sin recortarles su jornada incluso hasta 2030.

Los sindicatos no están dispuestos a aplazar y establecer diferencias, pero sí a introducir medidas de flexibilidad, como mayor porcentaje de distribución de jornada, o incluso a alargar el plazo de entrada en vigor. Es decir, en lugar de una hora y media menos este año y otra hora menos el que viene, que sea en saltos más pequeños, por ejemplo, de 45 minutos o lo que se pacte, pero siempre y cuando la patronal se sume al acuerdo y se ponga en marcha, aunque poco a poco, el recorte de horas. «Todos los trabajadores tienen que notar la reducción de jornada», sentencia Luján.

La patronal, por su parte, ve «muy complicado» dar un sí a una medida contra la que se están manifestando todos los sectores, mantiene «firme» su oposición y extiende la mano a comprometerse a hacerlo en un plazo determinado en la negociación colectiva, sector a sector, estableciendo además ciertas contrapartidas, pero no que sea una imposición por ley.

Si complicado es lograr este acuerdo en el diálogo social, también que el Gobierno logre recabar apoyos suficientes en el Congreso, y menos hasta que los socios habituales del Ejecutivo, como Junts o ERC, celebren este otoño sus congresos.