Diario de León

Sumar reivindica cargar el IVA a la educación y la sanidad privadas

Carlos Cuerpo descarta por el momento la sugerencia: «Las cuentas públicas están saneadas»

Yolanda Díaz y María Jesús Montero. JAVIER LIZÓN

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COLPISA
Madrid

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha echado balones fuera respecto a las propuestas de subidas de impuestos de Sumar. En concreto, el socio minoritario del Gobierno de coalición quiere que se aplique IVA a la educación y sanidad privada. Sobre ello, Cuerpio señaló que eso se tendrá que discutir en el marco de la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. Pero resaltó que las finanzas públicas están cada vez más saneadas y están siendo «alabadas» por la Comisión Europea. El titular de Economía subrayó que, gracias a esa «responsabilidad fiscal», la Comisión Europea ha puesto a España «en el grupo de los buenos alumnos», algo que está siendo muy importante para que los mercados vean al país «con confianza». Tras participar en un desayuno-coloquio en Sevilla, organizado por la Fundación de la Cámara de Comercio, el ministro ha apuntado que las discusiones tanto en materia tributaria como en materia de gastos son las que se tienen que dar en el marco de los Presupuestos para el año 2025, si bien ha abogado por tener «una visión más amplia, plurianual», que es la que se tiene que negociar con la Comisión Europea en este marco de medio plazo, de acuerdo con las nuevas reglas fiscales.

Esta semana, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó que su grupo reclamará subidas de impuestos. La vicepresidenta señaló que «arranca una negociación presupuestaria» y que es necesaria una «reforma integral de los ingresos públicos» recalando que «los servicios y productos de lujo tienen que soportar una carga tributaria mayor». «¿Por qué la educación o sanidad privada tributa cero en impuestos?», se preguntó la ministra de Trabajo y anunció que Sumar hará una propuesta en este sentido. No obstante, Díaz reconoció que en materia fiscal tiene «ciertas discrepancias» con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Gobierno se encuentra inmerso en un debate interno. Los dos socios de coalición están negociando qué incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y una parte fundamental en ese debate es la reforma fiscal. Algunos bienes y servicios como la educación, la asistencia sanitaria y los servicios financieros están exentos de IVA. La ley dice que estarán exentas del IVA «las actividades formativas de educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de posgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional». También están exentos de IVA los servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, aunque los profesionales médicos o sanitarios actúen por medio de una sociedad mercantil. No hay IVA en educación ni en sanidad independientemente de si se imparten desde el sector público o privado. Yolanda Díaz quiere cambiar eso. El Gobierno se ha comprometido a llevar un proyecto de Presupuestos Generales al Congreso, aunque no tienen asegurado el apoyo parlamentario para sacarlos adelante. Este año tuvo que prorrogar los de 2023 al no tener respaldo suficiente en el Congreso. Sin embargo, Cuerpo, señaló que esperan «terminar en buen puerto y con un acuerdo en los próximos meses».

Por otro lado, el ministro se refirió a la reclamación de patronal y sindicatos de indexar los contratos públicos al IPC. Cuerpo apuntó que, sobre todo a raíz del ‘shock’ inflacionario, esa es una petición recurrente de todos los empresarios, debido a que la inflación inicialmente de costes afectaba directamente al día a día de los costes de las empresas, empezando por supuesto por el coste energético. No obstante, defendió que el Gobierno en esos momentos actualizó todos los contratos de la Administración Pública, ayudando a los empresarios a superar este ‘shock’ inflacionario, y que actualmente hay un proceso de moderación de la inflación.

La patronal

Carlos Cuerpo rechazó también indexar los contratos públicos de las empresas al IPC
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