El Gobierno firma con gran bombo un pacto de pensiones que está a medio terminar
Los cambios en la jubilación parcial y activa, aún sin fecha para entrar en vigor
El Gobierno firmó ayer con los sindicatos y la patronal el último acuerdo en pensiones que modifica las actuales normas para la jubilación parcial y activa, entre otras medidas, sin saber cuándo entrará en vigor la nueva ley que cambiará las reglas para compatibilizar empleo y pensión. Incluso su puesta en marcha está en riesgo puesto que, por el momento, no cuenta con los apoyos necesarios para tramitarse en el Congreso. Es más, dos de los socios habituales del Gobierno, Bildu y BNG, trasladaron ayer su disconformidad con este acuerdo poco después de ser rubricado por el presidente, Pedro Sánchez, en un acto en el que estuvo acompañado por los dirigentes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, así como por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
«Ustedes pueden negociar con quien quieran y como quieran, pero deben tener en cuenta que tienen que traer estos acuerdos aquí al Congreso y que el diálogo social no sustituye al poder legislativo», advirtió en el Congreso a la ministra el portavoz de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, que señaló que desde su formación no se sienten «concernidos» con este acuerdo «ni en los contenidos ni en las formas». Previamente, el diputado del BNG, Néstor Rego, también anticipó que su partido «no va a aceptar este tipo de chantajes» y no apoyará esta reforma.
El Ejecutivo tiene ahora por delante un complicado proceso negociador para tratar de amarrar los votos necesarios para poder aprobar la ley que permitirá a todos los trabajadores (no solo a los de la industria manufacturera) jubilarse de forma parcial hasta tres años antes y poder compatibilizar un empleo con el 100% de la pensión a partir del quinto año de demora. Además, ya no será necesario tener toda la carrera de cotización para poder acceder a la jubilación activa y esta modalidad de retiro será además compatible con los incentivos de demora.
Estas mejoras, sin embargo, no podrán aplicarse si finalmente el Gobierno no lograr recabar los votos necesarios para su validación en el Congreso, puesto que necesitan ser aprobadas por el poder legislativo, a diferencia del nuevo sistema de coeficientes reductores o la colaboración de las mutuas en los procesos de recuperación de las bajas traumatológicas. Y Junts y ERC también han manifestado sus discrepancias con este último acuerdo.
Lo que ya están dando sus frutos son las medidas de la reforma de las pensiones que se pusieron ya en marcha en la anterior legislatura. La edad de jubilación efectiva se ha elevado hasta los 65,2 años, máximo histórico, en los algo más de dos años y medio que llevan en vigor las nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada y los mayores incentivos a la demorada. Así, las jubilaciones anticipadas han caído en los dos últimos años por debajo del 30%, un nivel nunca conocido, y también se ha reducido el período de adelanto: en la actualidad solo el 17% de los que anticipan su jubilación lo hacen 24 meses antes, frente al 46% previo a la reforma. La ministra Saiz también avanzó que son cerca del 10% las personas que se jubilan más tarde de la edad legal, el doble que antes.
Sin embargo, lo que no se consigue por el momento alcanzar es el equilibrio financiero. Pese a los nuevos impuestos y transferencias para pagar las pensiones, el sistema sigue en números rojos. Esto se debe, según advierte un informe elaborado por el Instituto Santalucía, a que se mantiene prácticamente intacta la generosidad de las pensiones españolas, que está «muy por encima» del crecimiento esperado del PIB español. Esta generosidad, además, es mayor para quienes han cotizado menos años y menos dinero.
El estudio detalla que los trabajadores con menos de 25 años cotizados disfrutan de una rentabilidad superior al 6,04%, mientras que aquellos con más de 45 años cotizados tienen una rentabilidad considerablemente menor, del 3,26%. Esto se explica, según los autores, por el impacto del número de años cotizados en el cálculo de la base reguladora de la pensión.
Además, las pensiones con bases reguladoras más bajas presentan una rentabilidad de 4,43%, superando en 0,6 puntos la media. Esto se debe a los complementos a mínimos que reciben los pensionistas con bases más reducidas.